Desde la asunción de Javier Milei nos hacemos una pregunta recurrente ¿Hay condiciones para que los aspectos represivos del Gobierno deriven en un régimen autoritario? Pase lo que pase de acá en adelante, la detención a un grupo de militantes kirchneristas acusados de hacerle un escrache al diputado José Luis Espert, los allanamientos nocturnos, la decisión de mantenerlos detenidos en cárceles de máxima seguridad y las acusaciones que se les realizan hablan de que hay un sector del Poder Judicial que ya está en esa deriva. La falta de repudio generalizado desde lo que queda de los espacios políticos que no son ni peronistas, ni de izquierda, ni de ultra derecha, también llevan a pensar que hay condiciones concretas para la consolidación de un régimen que institucionalice la persecución de la disidencia, aplicando además castigos humanamente denigrantes y políticamente disciplinadores.
La semana que pasó dejó, como casi siempre, decenas de hechos relevantes. Sin embargo, es imprescindible remarcar que el caso de Alexia Abaigar y el resto de las personas detenidas y procesadas por estar acusados de llevar a cabo apenas una contravención municipal supone un giro inaceptable en la escalada represiva que vive el país desde diciembre de 2023.
En ese marco, cabe una pregunta que, aunque trillada sigue pareciendo adecuada: ¿la profundización del carácter autoritario del experimento libertario es un gesto de debilidad o de fortaleza? La sumatoria de datos de los últimos siete días hablan de, por lo menos, una situación de fragilidad financiera creciente y un escenario de incertidumbre política nada despreciable.
Las elecciones en Santa Fe y Formosa volvieron a mostrar a un mileismo haciendo papeles más que discretos. Le dieron al peronismo la mejor jornada desde que empezó la agenda electoral a nivel de las provincias y ratificaron, por lo ocurrido en la provincia de la región centro, que la baja en el nivel de participación llegó para quedarse.
En esa línea, la confirmación de que en Corrientes La Libertad Avanza competirá con un armado propio contra el oficialismo encabezado por los hermanos Valdés avecina un escenario similar al del resto de los desempeños provinciales, sacando el caso de la CABA, donde se impuso el vocero presidencial, y el de Chaco, donde el mileismo cantó victoria por la alianza con el Gobernador radical Leandro Zdero.
Sin embargo, el dato más saliente respecto de lo que pasa en el sistema político fue el cambio de actitud mostrado por buena parte de los gobernadores que venían funcionando como aliados del mileismo. Primero los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño le reclamaron en conjunto los fondos que el Gobierno Nacional les viene reteniendo a las provincias. Y después, en cuestión de días, impulsaron la presentación de dos proyectos de ley en el parlamento para garantizar la distribución del impuesto a los combustibles e incluir en la coparticipación a los Aportes del Tesoro Nacional. A su vez, el miércoles 2 de julio los gobernadores garantizaron el quórum en la Cámara Diputados para que se pueda tratar en comisiones la declaración de emergencia por el Hospital Garrahan y una nueva ley de Financiamiento Universitario.
En el frente financiero el Gobierno también sufrió un golpe de un tipo de actor que es clave para su base de sustentación. El lunes se conoció un informe en el que el Banco de Inversión JP Morgan avisaba las razones por las cuales había decidido bajarse de las herramientas financieras en pesos para hacerse de sus ganancias en dólares y esperar hasta que el escenario económico de señales de una mayor previsibilidad. Las razones más concretas que esbozó: la sangría de dólares por turismo y algunos nubarrones en el escenario electoral. La actitud del JP Morgan genera ruido no solo porque es un actor de peso en el mundo financiero, sino también porque fue el primer fondo inversor que pegó el portazo en 2018, y que dio lugar a la crisis financiera que terminó con la estadía de Mauricio Macri en la Casa Rosada.
En los días que siguieron el dólar mostró una subida sostenida y tocó los $1255. Aunque el Gobierno hizo un colchón importante con los préstamos conseguidos en los últimos tres meses, y más allá de los mensajes cancheros del ministro de Economía, Luis Caputo, que llamó a comprar dólares si están tan baratos, nada parece indicar que el escenario cambiario recupere la tranquilidad que mostró luego de la llegada en abril de los 12 mil millones de dólares del FMI. Más todavía si consideramos que se terminó el trimestre de más rendición del agronegocio y que se acaba de cerrar el período de baja circunstancial de retenciones.
Entre tanto, el Gobierno se muestra dispuesto a aprovechar al máximo los últimos días de facultades delegadas para avanzar en el desguace de organismos públicos vinculados con el fomento de la producción y el desarrollo científico técnico. Y de paso, desreguló el mercado de gas envasado –liberando el precio de las garrafas en medio de la ola de frío polar– y se despachó con el decreto que degrada el sistema de residencias en los hospitales públicos nacionales, dándole otro golpe mortal al sistema de salud.
En definitiva, la semana nos deja la imagen de un Gobierno con varios frentes abiertos por el cuestionamiento que le plantean actores que no necesariamente forman parte de las fuerzas que se le oponen. Una conclusión es que una vez más, ante la adversidad, el mileismo responde con sus armas más crueles.
Otra conclusión es que por ahora sus chances de salir fortalecido de las elecciones nacionales de medio término, parecen no estar en cuestión. Sobre todo, porque la fragilidad financiera y económica no parece dirigirse a una crisis en cuestión de semanas. Pero si el escenario de construcción de una mayoría política se aleja cada vez más, el experimento libertario también depende demasiado de que el proceso de desafección (un fenómeno que va mucho más allá de no ir a votar) involucre a sectores cada vez más amplios de la población. Una jugada peligrosa, sobre todo si en el horizonte próximo las disputas con el resto del sistema político se traducen en nuevos vetos por parte de un presidente que esta vez sí podría pagar un costo alto por aplicar la motosierra sobre demandas sensibles y con las urnas al alcance de la mano.