Política Abr 16, 2022

Acuerdo con el FMI: cuando los criminales son los que protestan

Hace más de un mes que seis personas permanecen detenidas de manera “preventiva” por protestar frente al Congreso nacional contra el pago de la deuda al organismo internacional. Irregularidades, falta de pruebas y respaldo a las políticas represivas.

El 10 de marzo, miles de personas se manifestaron en la puerta del Congreso de la Nación para rechazar el tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa misma tarde, mientras el proyecto conseguía la media sanción, se produjeron una serie de incidentes y detenciones de militantes populares. 

Horas más tarde, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales un video en el que denunciaba que su despacho había sido deliberadamente foco de los piedrazos lanzados por los manifestantes durante la movilización. “Estamos trabajando a destajo para identificar a los responsables. No quedará impune”, añadió el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

Al día de hoy seis personas permanecen detenidas por los presuntos delitos de asociación ilícita, daño calificado, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, entre otras acusaciones. La Justicia identificó a los acusados a través de imágenes de cámaras de seguridad y de canales de televisión tomadas durante la manifestación. 

Desde los organismos de derechos humanos aseguran que tres de ellos, Oscar Santillán, Julián Lazarte y Jaru Rodríguez Carrero, están encarcelados de manera arbitraria e ilegítima. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y defensora de Santillán y Lazarte, aseguró en diálogo con Primera Línea que “en todos los casos se trata de delitos excarcelables, pero además no hay elementos objetivos que los responsabilicen”.

Por su parte, el letrado encargado de defender a Rodríguez Carrero y miembro de la  la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), Martín Alderete, señaló que “más allá de que es común la criminalización de personas en el marco de manifestaciones”, mucho más si hay algún tipo de incidente, lo cierto es que en esta oportunidad “ni siquiera le pudieron achacar una conducta que ni remotamente se podría discutir en cuanto a que estaría haciendo algo posiblemente delictivo”.

Para Alderete, “es evidente que en esta causa, tanto en la Fiscalía como el juez de la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad lo único que quiso hacer es detener a las primeras personas que identificaron, y mantenerlas detenidas a pesar de que no existan pruebas algunas para imputarles algún delito”.

Oscar, Julián y Jaru llevan más de un mes en prisión preventiva. Las imputaciones actuales de la Justicia porteña basadas en los informes de la Policía de la Ciudad no coinciden con los análisis que realizó la Policía Federal sobre las mismas imágenes. “Por ejemplo mientras la Policía de la Ciudad afirma que la imagen captada por el canal de noticias TN de una persona que está agachada junto a un árbol manipulando lo que parece ser una bomba molotov, se corresponde biométricamente con Julián Lazarte, la pericia de Federal concluye que esa imagen no es apta para comparación de rostros por una cantidad de cuestiones técnicas”, apuntó Verdú. A esto se suma que también hay diferencias en la ropa, los tatuajes y la figura corporal de las dos personas.

Mientras que estos tres expedientes en particular se tratan en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Federal se encarga de los tres casos restantes. Según Alderete, la diferencia entre estas causas es la identificación de las personas que “estarían arrojando alguna piedra o llevando a cabo alguna conducta que podría discutirse en relación a la eventual existencia (o no) de un delito”. “Pero, más allá de que se está judicializando un hecho de protesta, lo cierto es que la razonabilidad de la discusión es mucho más concreta”, ya que en la Justicia Federal “no están acusando a alguien que está caminando por la Plaza”, completó.

Días atrás, el juez porteño a cargo de los tres expedientes se declaró incompetente con el fin de que la investigación quede en manos de la Justicia Federal. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión, por lo que los abogados defensores esperan una nueva resolución para avanzar en el proceso y lograr la libertad de los imputados. 

Asimismo está pendiente de resolución el recurso de apelación que las defensas interpusieron contra las prisiones preventivas hace más de 20 días. Verdú subrayó que “es un escándalo que algo tan urgente como resolver la libertad de las personas encarceladas lleve tanto tiempo”. 

Jaru Rodríguez es un estudiante venezolano de la carrera de Sociología que milita en espacios barriales y ollas populares. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sus compañeros y amigos se organizaron para visibilizar su situación y exigir su inmediata libertad.

Lautaro Mateu, miembro de este colectivo, detalla que Jaru asistió a la movilización del 10 de marzo, donde se lo fotografió con el barbijo bajo. “Lo cierto es que no hay ninguna prueba de que él haya cometido ningún hecho ilícito, más allá de que se estaba manifestando”, agregó Alderete.

Cuando Jaru volvió a su casa la misma noche de la manifestación, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un allanamiento en el que se lo llevaron detenido junto a todos los miembros de su familia. Desde ese entonces, permanece en la Alcaldía N° 8 de Lugano esperando que se libere algún cupo en un penal para su traslado. 

Los tres entrevistados coinciden en que estas detenciones se dan en el marco de una profundización de las políticas que criminalizan la legítima protesta social. Según Alderete, la situación es tan arbitraria que “aún cuando los acusados hubieran cometido esos delitos que se le achacan, no existe fundamento alguno para privarlos de su libertad”.

De la misma manera, Verdú apuntó que esta dinámica atraviesa transversalmente al país entero, “sin mayores diferencias en cuanto al color político del gobierno de cada distrito”. Y ejemplifica: “Lo vimos la semana pasada en Jujuy, con la detención de los referentes piqueteros Juan Chorolque y Sebastián Copello, que sólo fueron liberados tras la presencia en la provincia de una delegación de organismos y organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia”. 

“A los detenidos se los pone en medio de una disputa política que se está dando entre Ciudad y Nación. Se encauza en todo este proceso de criminalización de la protesta que están queriendo encarar algunos sectores, tanto desde el oficialismo en menor medida, como desde el Gobierno de la Ciudad, que lo está utilizando como un eslogan”, aportó Mateu. “Todo esto se da en un clima de disputa donde dejan a los compañeros en el medio para la política superestructural”, concluyó. 

Para Alderete, los dos máximos aportantes a la perspectiva punitivista de la protesta son tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación masivos, principales actores en la demonización de quienes expresan su descontento a través de la movilización popular. “La exageración de estos medios comparan situaciones de conflicto de lesividad baja con poco menos que acciones terroristas. Eso se vio acompañado por acciones judiciales, que también tenían esa misma lógica”, puntualizó.

En este caso, tanto desde el oficialismo porteño como de Nación se hizo uso de las expresiones de descontento para enaltecer sus propios discursos. Por ejemplo, al mismo tiempo que Aníbal Fernández señalaba que las bombas de pintura roja arrojadas a la ventana del despacho de Cristina Fernández “recuerda las casas con sangre de cordero”, desde el espacio encabezado por Javier Milei insistían en que se deben prohibir las marchas y los cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso han llegado a armar un “Movimiento Antipiquetero Argentino”. 

Por último, el abogado de Jaru Rodríguez indicó que el proceso judicial en curso “no es ni más ni menos que el reflejo de los instrumentos y las herramientas que utiliza el Estado cuando quiere perseguir a los sectores en lucha para demonizarlos frente a la opinión pública” y para “generar temor, desarticularlos, perseguirlos y, fundamentalmente, intentar poner un freno a la justa y legítima protesta social”.

“Es evidente el fuerte discurso de promoción de la política represiva contra quienes se organizan para defender sus derechos y frenar el ajuste contra el pueblo trabajador. Está lógica se viene fortaleciendo en ambos lados de la grieta, y les resulta imprescindible para sostener el acuerdo con el FMI”, concluyó Verdú.

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