Organizaciones populares de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a levantar la voz contra el Gobierno porteño a través de una carta abierta, con el objetivo de que se apliquen tres medidas concretas para paliar la crisis económica y el avance de la desigualdad: la reapertura de la Paritaria Social, la declaración del Distrito de la Economía Popular y la creación de un Sistema Integral de Cuidados.
En el escrito aseguraron que “no existe una sola política de generación de empleo” o “de acompañamiento a la producción de la economía popular”. Esto se da en un marco donde la pobreza multidimensional (aquella que no solo se mide según ingresos) alcanzó al 22% de la población de la Ciudad con marcadas brechas entre el norte y el sur, según un estudio de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) que analizó los datos del último trimestre del 2021.
“El gobierno porteño parece no ver conflicto alguno y embiste con rebajas al presupuesto para la emergencia social” y lo hace mediante “grandes y onerosas campañas mediáticas, beneficios impositivos y cesiones de tierras a grandes empresas”, denuncia la carta firmada por el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), Somos Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, Paritaria Social y Popular, Liberación Popular, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, Soberana y el Frente Popular Dario Santillán (FPDS).
Las organizaciones aseguraron que durante las últimas semanas, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y distintos funcionarios de su gestión “salieron a criticar a quienes, mediante la asistencia del Estado, organizan con dignidad un trabajo autogestivo que les fue negado sistemáticamente y a quienes se movilizan en reclamo de justos derechos”.
No obstante, también han planteado públicamente que la salida a esta situación crítica que atraviesa la capital del país “es el trabajo”, aunque “no existe una sola política de generación de empleo, de acompañamiento a la producción de la economía popular” por parte del Ejecutivo porteño.
“Vimos también en sus campañas mediáticas el mensaje sobre que en este distrito ‘la transformación no para’ pero se niega en el sistema educativo la dinámica transformadora del lenguaje, penalizando a quienes amorosamente incluyen”, continúa la carta. En ese sentido, cuestionaron: “¿De qué transformación se trata? ¿Qué hace la Ciudad para generar empleo? ¿Por qué se habla de diálogo y consensos cuando simplemente se niega el derecho a la participación y discusión?”.
Una gestión de espaldas a la ciudadanía
Semanas atrás, la Legislatura aprobó el proyecto de ley de “Integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares”, gracias a la mayoría automática del oficialismo porteño en el recinto. Sin embargo, tal como explicó a Primera Línea la legisladora de la Ciudad por el Frente de Todos y dirigente de Somos Barrios de Pie, Laura Velazco, la ley poco tiene que ver con la generación de empleo en las zonas más vulneradas del distrito.
“Centralmente se trata de favorecer la instalación de grandes cadenas comerciales en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires que están regidos de la por leyes de urbanización específicas, como el Padre Mugica de Retiro, la Villa 20 de Lugano, el Playón de Chacarita y el barrio Rodrigo Bueno”, detalló.
Según la carta impulsada por las organizaciones sociales, esta normativa “con un bello nombre” le da la espalda “de manera contundente a los emprendimientos de la Economía Popular”, otorgando beneficios a “grandes y poderosas empresas que se radiquen en las villas de la Ciudad”, como exenciones impositivas y alquileres muy por debajo de lo establecido en el mercado inmobiliario.
El documento sostiene además que estas ventajas generan una “competencia desleal con los pequeños comercios de barrio y relaciones de privilegio que nunca se inclinan por quien menos tiene y más esfuerzo le cuesta levantar cabeza”. Por su parte, Velazco añadió que el proyecto “no se discutió en las mesas de gestión participativa como lo plantean las leyes de urbanización”, ni con los vecinos de estos cuatro barrios, ni tampoco con las organizaciones y comerciantes.
“Esta ley no solamente no va a generar más trabajo, sino que pone en peligro a los emprendimientos y comercios de cercanía, y puede quitar el trabajo a muchas personas de estos barrios populares”, alertó la legisladora.
Es por esto que desde el movimiento reafirmaron que la medida se tomó “una vez más a espaldas de les vecines, una vez más inclinando la balanza hacia el poder económico local y el negocio inmobiliario, una vez más sin consulta ni participación popular; todo esto mientras la Ley de Fomento a la Economía Popular y social duerme el sueño de los justos en algún cajón de la jefatura de gobierno”.
“Queremos hacer visible nuestro reiterado pedido de audiencia con el Jefe de Gobierno y afirmamos que somos y hemos sido siempre parte de la solución y no un problema para esta ciudad; que desde un debate plural interministerial y multisectorial podremos aportar propuestas que den respuesta a la crisis que avanza y se profundiza en la Ciudad”, concluyeron las organizaciones.