La dimisión de Matías Kulfas a la cartera de Desarrollo Productivo, en medio de acusaciones cruzadas dentro del oficialismo por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, constituyó un episodio más de las tensiones que atraviesan a la política energética. Como se observa prácticamente a diario, esta área es un peculiar punto de condensación de las disyuntivas que padece el gobierno del Frente de Todos.
Tanto la carta de renuncia del ex ministro, como la nota divulgada por Energía Argentina, abundaron en reproches mutuos acerca de los objetivos y resultados de la gestión económica. Las críticas expresaron la singular naturaleza de la coalición: se trata del último reducto tomado por contradicciones sociales trabadas, hasta aquí, en un empate catastrófico. El telón de fondo de este equilibrio de fuerzas es la crisis del capitalismo “dependiente” argentino. En tales circunstancias, inclusive los proyectos que gozan del más amplio consenso, pueden quedar sometidos a todo tipo de dilaciones.
Pero los dilemas actuales de la política energética no son una peculiaridad de este gobierno, ni la construcción de un gasoducto es el mayor de los problemas, aunque así lo parezca en las últimas semanas. En general, se puede asumir que la intervención del Estado en esta área es “objetivamente necesaria”, en tanto el abastecimiento de energía en cantidades crecientes, así como en calidades y precios adecuados, es un prerrequisito del sistema que no puede ser satisfecho sólo a través del mercado. Constreñidos por la competencia, los capitales no están en condiciones, ni dispuestos a asumir, los costos implicados en el desarrollo de nuevas fuentes energéticas o la construcción de infraestructuras físicas.
Ahora bien, esto no nos dice nada acerca de si el Estado efectivamente asumirá estas tareas, bajo qué formas u objetivos específicos, ni, mucho menos, si será exitoso al acometerlas. Esto depende de múltiples circunstancias históricas, entre las que la lucha de clases y grupos sociales ocupa un lugar preponderante.
El marco de la política hidrocarburífera
Es necesario destacar tres condiciones concretas de la intervención estatal en el sector. En primer lugar, la transición que Argentina y el mundo han experimentado en los últimos veinte años hacia las “formas extremas” de energía. Hemos superado el cénit del petróleo de yacimientos convencionales y eso significa que cada nuevo barril que se adiciona a la oferta supone mayores desafíos técnicos, más costos económicos e impactos socio-ambientales increíblemente agresivos tanto a escala local como global. Los hidrocarburos no convencionales (HNC) de la formación geológica Vaca Muerta son sólo una variante de estas energías extremas.
En segundo lugar, gran parte de las decisiones de inversión en el sector se encuentran subordinadas a estrategias de competencia internacional. Este es un legado de las políticas neoliberales que la estatización parcial de YPF S.A. en 2012 no revirtió. Atraer y fijar capitales requiere un posicionamiento exitoso de la geología nacional frente a otros prospectos existentes a nivel mundial. Y esto se traduce en distintas exigencias: la convergencia de los precios internos con los internacionales; la libre remisión de utilidades al exterior; la implementación de planes de estímulo; la flexibilización de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo; así como la garantía de un marco institucional “seguro” para la inversión.
Pero, en tercer lugar, esas condiciones de acumulación deben materializarse en un entorno social rebelde. A nivel nacional, esto se expresó en la resistencia popular al brutal ajuste tarifario ensayado por el macrismo. Se trató de un intento de descargar los mayores costos estructurales de la energía sobre les consumidores, que a su vez debía funcionar como un mecanismo impersonal de disciplinamiento sobre las personas y las empresas. Ambos objetivos encontraron los primeros límites políticos en 2016 y debieron ser abandonados a partir de la crisis de 2018.
A nivel regional, en tanto, la correlación de fuerzas es aún más peculiar. Norpatagonia -lugar donde se encuentran Vaca Muerta y otras formaciones geológicas promisorias- se distingue por una singular capacidad de activación, articulación y lucha de las clases y grupos subalternos. Lo atestigua la confluencia de demandas y las masivas movilizaciones contra el acuerdo de 2013 entre Chevron e YPF. Es la asociación con un capital internacional más importante hasta el momento y sólo pudo ser alcanzada en medio de una feroz represión que dejó un herido con balas de plomo. Todo un indicio de los problemas de legitimación que un verdadero desarrollo masivo de HNC podría enfrentar.
Las promesas y su reverso
Vaca Muerta ha atravesado dos etapas. Entre 2012 y 2015 se avanzó, fundamentalmente, en la curva de aprendizaje. YPF cargó con el esfuerzo de delinear la formación, profundizar el conocimiento de sus distintas ventanas productivas y testear los mejores métodos de implementación del fracking. No se obtuvieron resultados especialmente viables desde el punto de vista comercial, pero sí se comprobó el potencial de los recursos, se logró detener el prolongado declino de la producción y se sentaron las bases para un posterior despegue.
Esto ocurrió a partir de 2017 -con un esperable impasse entre los últimos meses del macrismo y el primer año de la pandemia-. Dentro de un marco aún inestable, los precios internacionales tendieron a mejorar, sobre todo desde fines de 2020 y actualmente como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. A nivel interno, a su vez, se modificaron los convenios colectivos de trabajo (CCT) en el sector y se implementaron distintas medidas de estímulo, como los “planes gas” III y IV.
En general, en los últimos cinco años se observan mejoras tecnológicas que se han traducido en una mayor viabilidad económica de los pozos, así como en incrementos de la productividad y la producción que morigeran las necesidades de importación. Estas tendencias, todavía incipientes, alimentan la idea de transformar a Vaca Muerta en un nuevo vector de inserción internacional y de ascenso en la cadena global de valor. Asimismo, en Neuquén ha crecido notablemente la creación de empleo privado registrado -aunque en las condiciones de precarización establecidas por los nuevos CCT-, a la vez que se ha incrementado la percepción de regalías indispensables para el arbitraje estatal del conflicto. En ambos niveles, les impulsores del fracking prometen que, ahora sí, lograremos romper las trabas seculares planteadas al “desarrollo nacional”.
No obstante, la contracara de ese lado presuntamente virtuoso es la multiplicación de todo tipo de impactos directos e indirectos. Un reciente informe elaborado por La Izquierda Diario y el Observatorio Petrolero Sur da cuenta de una duplicación del promedio de “incidentes ambientales” entre 2017 y 2022. El trabajo se realizó en base a datos suministrados por la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén.
Las empresas están obligadas a declarar estos hechos, pero no se les exige que den cuenta de la importancia de los mismos, pese a que algunos han sido especialmente graves. Tampoco se contabilizan los impactos generados por el tratamiento y la disposición de los residuos generados por el fracking, ni aquellos que esta técnica induce en zonas aledañas a las áreas. Existe una notable correlación entre la extracción de HNC de Loma Campana (YPF-Chevron) y Fortín de Piedra (Tecpetrol), y la aparición de sismos de creciente magnitud en el paraje rural Sauzal Bonito. Ninguna de estas consecuencias constituye una verdadera sorpresa: se trata de efectos ya constatados científicamente a nivel mundial.
En las zonas de sacrificio, los nuevos CCT introducidos en enero de 2017 precarizaron las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo y flexibilizaron su empleo durante el proceso productivo. En los quince meses posteriores, la intensificación de la explotación se cobró la vida de ocho operarios.
Asimismo, la mayor agresividad y despliegue territorial del fracking destruye matrices de relacionamiento preexistentes. En este sentido, se redobla la presión que la industria ya ejercía en su formato “convencional” contra el pueblo mapuce. Los impactos ambientales, el encierro en espacios cada vez más reducidos, así como el acentuamiento de los vínculos pecuniarios con las empresas, tienden a disolver los fundamentos objetivos y el universo de sentido de sus comunidades. En la zona del Alto Valle, la extracción de HNC de otras formaciones también avanza sobre la producción de alimentos. De este modo, amenaza la riqueza orgánica de los suelos y los balances de emisiones de carbono de la región, así como el sistema de manejo del agua a través del riego gravitacional.
Por su parte, en ciudades próximas a los campamentos, la fiebre petrolera derivó en un crecimiento descontrolado de la trama urbana. En lugares como Añelo y Allen, el colapso de los servicios públicos convive con una rampante especulación inmobiliaria y la proliferación del juego, el narcotráfico y la trata de personas. Más allá, buena parte de la región de la Confluencia y el Alto Valle se ve afectada por una distribución muy inequitativa de los beneficios económicos de Vaca Muerta. Esto se traduce en distintos fenómenos de segregación y exclusión motivados por un encarecimiento general del costo de vida, especialmente en lo referido al acceso a la vivienda.
El saldo más significativo de estas transformaciones es una agudización de desigualdades de distinto tipo: de clase, raciales y de género. Pero también una progresiva disolución de los fundamentos naturales y sociales que posibilitan la proyección de otros futuros posibles. El Estado -en sus distintos niveles- ha respondido a la disconformidad que esto produce basculando entre el consenso y la coerción. La primera reacción siempre ha sido la negación de los impactos o la divulgación de todo tipo de informaciones destinadas a sembrar confusión en la opinión pública. Luego, como reflejo ante determinadas luchas, distintas políticas han buscado redistribuir beneficios, aliviar las condiciones de vida en las comarcas petroleras, retrotraer los aspectos más inviables de los CCT, o bien, reconocer ciertos derechos a les genuines ocupantes de las tierras.
Sin embargo, tampoco ha vacilado cuando la violencia constituyó la única sutura posible de la contradicción acumulación/legitimación. Las expresiones más díscolas de las protestas padecen una estigmatización permanente y se encuentran expuestas a un empleo periódico de la coacción directa. La duda más inquietante es qué ocurrirá si la extracción de HNC se masifica verdaderamente y sus impactos adquieren otra magnitud. ¿Cuál será la contestación del Estado a una posible agudización de la lucha anti-fracking?
A modo de balance acerca del genocidio americano, Howard Zinn reflexionaba:
“Si efectivamente hay que hacer sacrificios para el progreso de la humanidad, ¿no resulta esencial atenerse al principio de que los mismos sacrificados deben tomar la decisión? Todos podemos decidir sacrificar algo propio, pero ¿tenemos el derecho a echar en la pira mortuoria a los hijos de los demás, o incluso a nuestros propios hijos, en aras de un progreso que no resulta ni la mitad de claro o tangible que la enfermedad o la salud, la vida o la muerte?”
Cinco siglos después, algunas preguntas continúan siendo un desafío candente.