Hace poco más de un mes, la economía argentina se encontraba al borde del abismo. Las corridas cambiarias y el vaciamiento de las reservas del Banco Central agudizaron la crisis política y se llevaron puesta a la ministra de Economía, Silvina Batakis. La llegada de Sergio Massa como “superministro” apuntaba a intentar una salida a esa situación a través de hacerle concesiones a los sectores económicos más concentrados.
En esta primera etapa puede decirse que -por el momento- esos objetivos fueron alcanzados. Massa ofreció a los exportadores de soja un dólar a 200 pesos, lo que mejoraba sus ganancias en más de un 30%. Seducidos por esta medida, vendieron buena parte de la cosecha que venían reteniendo, permitiendo el ingreso al Banco Central de más de 5.400 millones de dólares. Esta nueva realidad, sumada a la confianza que el ministro le genera a los sectores de poder, redujo fuertemente la presión sobre el dólar permitiendo una estabilización del tipo de cambio. A partir de ahora se espera solamente una devaluación lenta y gradual que lo lleve a 270 pesos hacia fines de 2023, para evitar tanto saltos devaluatorios como un atraso en el tipo de cambio.
Por otra parte, se espera que para el año próximo esté terminado el gasoducto Nestor Kirchner, que permitiría trasladar el gas producido en Vaca Muerta hacia las grandes ciudades. De esta forma, la demanda sería cubierta en gran parte con la producción nacional y se reducirían costos en importación, uno de los principales causantes del déficit comercial. A través de esto el gobierno espera aliviar el problema de la restricción externa.
La economía también se viene beneficiando de un “envión” causado en parte por la recuperación post-pandemia y en parte por el cambio de las políticas de Estado que -tras cuatro años de macrismo- volvieron a estimular la inversión productiva. Datos del INDEC señalan que en el segundo trimestre de 2022 la actividad creció 6,9% con relación al mismo periodo del año anterior.
Una última “buena noticia” en los grandes números es una caída en la tasa de desempleo: según informes del organismo de estadísticas nacional este cayó a casi el 7% de la población económicamente activa, un retroceso de 2,7 puntos porcentuales. Debe señalarse, sin embargo, que 8 de cada 10 de estos nuevos puestos de empleo corresponden a trabajadores no registrados, es decir precarizados. Mientras la economía informal se muestra muy dinámica (1,2 millones de nuevos empleos), el sector formal aparece relativamente estancado.
Aún con estas contradicciones, la caída del desempleo es el último de los elementos económicos que el gobierno nacional puede presentar como avances. En otros frentes la situación es mucho más oscura: es el caso de la inflación, estratégico por su impacto sobre el nivel de vida de la población y sobre el humor social. Esta variable continuó por segundo mes consecutivo por encima del 7% mensual, y el acumulado anual ya se va acercando al 100%. La situación sigue siendo preocupante, aunque por el momento no parece que vaya a descontrolarse.
El gobierno confía en una lenta desaceleración de la inflación para llegar en 2023 a una tasa anual del 60%: para ello cuenta con que la estabilización político-económica, la estabilidad cambiaria y el entendimiento con el FMI generen entre los empresarios y comerciantes un clima de mayor tranquilidad, que limite su afán remarcatorio. También espera que la reducción del déficit fiscal primario haga disminuir la necesidad de imprimir dinero para cubrirlo: supone que una menor emisión también actuaría como un freno a los aumentos de precios.
Por otra parte, el propio envión de la recuperación económica ya está empezando a agotarse y se espera para 2023 un crecimiento más moderado, del 2% anual. Aquí influye la compleja situación internacional y el impacto que el gobierno espera que tengan sus propias medidas.
Una de ellas es la suba de las tasas de interés para que empiecen a ganarle a la inflación: se busca así evitar que los ahorros vayan al dólar ofreciendo mejores rendimientos en pesos, pero esto drena fondos del circuito productivo y hace caer la inversión. El otro gran elemento es la caída en el poder adquisitivo de salarios y prestaciones sociales por el efecto de la inflación, que hacen disminuir la demanda agregada. Por último, la escasez de dólares lleva a restringir las importaciones y esto produce problemas para adquirir insumos, lo que también afecta el ciclo productivo.
El presupuesto 2023
Esta semana fue presentado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para el presupuesto 2023. El mismo parte de las premisas mencionadas, pero sobre todo de un elemento central: el acuerdo alcanzado con el FMI para reducir el déficit fiscal primario a un 1,9% anual. Es decir, un ajuste todavía mayor al de 2022, donde la meta era de 2,5%.
Para alcanzar este objetivo, el principal instrumento del gobierno es la quita de subsidios a las tarifas (gas, electricidad, agua, transporte) de un importante sector de la población. Con esa medida el Estado espera ahorrarse el equivalente a un 0,5% del PBI. La consecuencia va a ser tarifas más caras y por lo tanto una reducción del poder adquisitivo, un aumento de la pobreza y un crecimiento del malestar social. Los aumentos también se trasladan a los precios, haciendo crecer la inflación en vez de reducirla.
En el resto de los rubros se ve por el momento una situación más matizada: áreas donde el presupuesto iría a la par o ganándole ligeramente a la inflación, y otras donde correría por detrás (es el caso, por ejemplo, de las universidades nacionales que verían caer su financiamiento en casi un 10% con respecto a la inflación proyectada). En caso de que el número de inflación del 60% anual se quede corto, el ajuste al gasto público real sería aún más grande.
Un presupuesto de ajuste implica un agravamiento de la situación social. Los más perjudicados son los sectores de la economía popular, los desocupados estructurales, los jubilados, los trabajadores estatales y los beneficiarios de todo tipo de asistencia pública. Estos verán prácticamente congelados sus ingresos mientras los aumentos de precios devoran su ya escaso poder de compra.
Además de los problemas sociales que esto genera, se le abre al gobierno nacional un importante problema político: debe encarar las elecciones presidenciales en un año en el que sus medidas perjudicarán en primer lugar a su propia base votante, los sectores populares. Esta tensión entre el programa económico y su inconveniencia electoral será sin duda uno de los grandes temas recurrentes del año 2023.