El miércoles 3 de agosto Sergio Massa tomó posesión de su cargo como ministro de Economía, en una cartera que ahora unifica la totalidad de las funciones económicas del Poder Ejecutivo nacional.
Se trata de un hecho de gran importancia política, que marca el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva. Las referencias por parte de los diversos medios de comunicación a su rol como “Superministro” dan cuenta no solo de las expectativas generadas sino de la nueva relación de fuerzas que se configuró al interior del gobierno nacional.
Desde la conformación del Frente de Todos (FDT) y su llegada al gobierno en diciembre de 2019, se trató de una coalición con dos actores principales: el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La relación entre ambas partes se fue deteriorando dando lugar a un escenario de confrontación abierta desde las elecciones primarias de 2021 (en las que triunfaron las fuerzas opositoras).
Esta tensión terminó por provocar la caída del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y la apertura de una crisis política que aceleró la tendencia inflacionaria preexistente, dio lugar a una corrida cambiaria y proyectó una sombra de incertidumbre generalizada sobre las perspectivas de la economía nacional. La designación por un breve período de Silvina Batakis al frente de Economía no llegó a apaciguar estas preocupaciones. Finalmente los actores centrales del FDT acordaron intentar dar un cierre a la crisis con la designación de Massa.
Esta decisión pretende centralmente concentrar el poder sobre el área económica: por un lado se trata de evitar la dispersión de sus diferentes funciones, pero principalmente se busca encarnarlas en una figura con un importante “volumen político” propio. Sergio Massa no es un funcionario técnico sino un dirigente que viene construyendo su propio lugar desde hace por lo menos una década: en 2013 obtuvo -a través de su Frente Renovador- el primer lugar en las elecciones a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires y en 2015 resultó tercero en las elecciones presidenciales con más de un 21% de los votos.
Lo que Massa intentó desde entonces fue postularse como el líder de la “avenida del medio” entre el kirchnerismo y el PRO, como una variante peronista (y transversal) más conservadora que el primero, cercana a “los mercados” y a los poderes fácticos en general. Su incorporación al FDT en 2019 partió del reconocimiento de ese capital político propio, que continuó cultivando desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Es por esas mismas razones por las que fue designado como “Superministro”: lo que busca el gobierno nacional es alejar la imagen de “falta de conducción” que sobrevuela a la gestión de Alberto Fernández.
Es así que la asunción del funcionario es vivida ampliamente como si fuera un cambio de mandato: implica una cesión explícita de poder por parte de la Presidencia, momento que fue captado hasta fotográficamente en la imagen de Alberto Fernández retirándose del palco mientras Massa saludaba.
Pero el presidente de la nación no es el único que queda ensombrecido. La nueva etapa anula toda posibilidad de “doble comando” por parte de la vicepresidenta. Por un lado, por su apoyo explícito a la designación, cristalizado en una reunión que produjo también su propia foto para los medios. Por otro, porque la figura del “Superministro” con volumen político propio cambia las relaciones de fuerzas: ya no hay un blanco débil sobre el que arrojar los dardos (“funcionarios que no funcionan”). Por último, porque Cristina Fernández no presentó en ningún momento de la crisis (por lo menos públicamente) una alternativa que refleje otra orientación diferente, por lo cual carece de una narrativa desde la cual desarrollar una posible disputa.
Esa nueva relación de fuerzas que cristaliza en el gobierno nacional con la asunción de Massa es la que explica la buena recepción por parte de “los mercados” y el tratamiento relativamente benigno de los medios opositores.
El rumbo económico
El nuevo ministro realizó el mismo día de su asunción una conferencia de prensa donde desarrolló los lineamientos generales de su política económica. Aunque no se anunciaron grandes medidas, sí se marcaron sus prioridades y tónica general, que pueden leerse como una continuidad y profundización del rumbo adoptado previamente por Martín Guzmán.
Su énfasis estuvo puesto en tres grandes ejes: la reducción del gasto fiscal (para cumplir la meta de 2,5% de déficit anual acordada por el FMI); la necesidad de aumentar los dólares ingresados al país para estabilizar el tipo de cambio y afrontar la necesidad de divisas para las importaciones; y el control de la inflación.
En el frente fiscal, esto se traduce en algunas medidas ya anunciadas. Por un lado, el congelamiento de la planta de trabajadores del Estado. Por otro, la continuidad de la política de recorte de subsidios a las tarifas de energía: se le quitarán a los cuatro millones de hogares que no llegaron a anotarse en el formulario correspondiente, y a los nueve millones restantes se les establecerá un límite de consumo subsidiado de 400kw.
En el frente de las divisas los anuncios centrales implican una política de seducción a los productores de bienes exportables, especialmente del campo y la minería. En lo inmediato se buscará que adelanten el ingreso de 5 mil millones de dólares a las reservas del Banco Central, para lo cual se les ofreció a los productores agrarios una extensión en los plazos y alcances de la propuesta realizada previamente (principalmente el depósito de los ingresos por la cosecha en un plazo fijo en pesos atado a la evolución del dólar).
En el mediano plazo el objetivo es aumentar el volúmen de las exportaciones, para lo cual se conformará una “mesa de trabajo” con los representantes del capital agrario a fines de atender sus demandas (lo que incluye discutir retenciones), y se establecerá un régimen de beneficios impositivos para los exportadores en general.
En el terreno inflacionario destacaron algunas definiciones: la negativa a realizar una política de “shock devaluatorio” (en su lugar se intentará avanzar paulatinamente a una reducción de la brecha cambiaria) y la suspensión hasta fin de año del financiamiento del tesoro con emisión monetaria.
En cuanto al terreno social, la mayor definición fue que “la inflación es la mayor fábrica de pobreza”, lo que por omisión implica que difícilmente existirán medidas que apunten a una redistribución de la riqueza. Por otra parte, se anunció la realización de una auditoría sobre los beneficiarios de los planes sociales, lo que indica la posibilidad de recortes de los mismos. La única mención en un sentido diferente es un posible bono para compensar pérdidas de poder adquisitivo de jubilados y un refuerzo a asignaciones familiares.
Los próximos meses serán claves para verificar si el rumbo económico planteado por Massa consigue pasar la triple prueba de la aceptación de “los mercados”, las resistencias de la protesta social y el manejo de expectativas de la opinión pública en general.