El Decreto 663/24 -ordenado por el gobierno de Javier Milei en julio último y festejado por Federico Sturzenneger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado- implementó la desregulación para el uso de drones en fumigaciones tanto en áreas rurales como urbanas. Actualmente en Argentina existen 50 drones fumigadores, sin embargo a partir de esta medida la cifra podría aumentar hasta 500.
Este decreto no viene más que a profundizar una de las consecuencias más dramáticas del modelo del agronegocio: las fumigaciones masivas que impactan en la salud de las poblaciones y comunidades cercanas, causando cáncer y malformaciones congénitas, como así también consecuencias mortales en los animales y otros no-humanos de las zonas fumigadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en todo el territorio nacional se vierten aproximadamente 580 millones de litros de agrotóxicos anuales. En relación a los 45 millones de habitantes, cada argentino consume en promedio casi 13 litros de veneno al año.
En este contexto -que ubica a la Argentina como el país que utiliza más agroquímicos por habitante- el gobierno decidió dar vía libre para profundizar este tipo de fumigaciones y agravar esta problemática que las comunidades y poblaciones rurales y periurbanas vienen padeciendo desde hace décadas. Pero que también afecta a otras poblaciones y a nuestro ambiente y salud, más allá de las zonas en cuestión.
Hagamos un poco de memoria
En primer lugar, es preciso recordar que este modelo que el gobierno de Milei favorece con políticas desreguladoras, además del uso de químicos tóxicos, privilegia las ganancias por sobre la alimentación de la población y se caracteriza por una fuerte tendencia al monocultivo transgénico para la exportación, ligado a la sobreexplotación de los recursos naturales (en su mayoría no renovables) y al empleo de poca mano de obra. Desde que apareció en 1996, la soja transgénica tolerante al glifosato -con la Resolución 167/96 del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá-, y posteriormente el maíz transgénico, el consumo de plaguicidas pasó de 30 millones de litros a más de 500 millones en la actualidad.
La introducción de la soja resistente a los herbicidas (RR, Roundup Ready) convirtió a la Argentina en el primer país de Latinoamérica en tener un evento transgénico. Se introdujo un “paquete tecnológico” que incluía: una nueva soja que permitía controlar malezas acompañada de un sistema de conservación conocido como siembra directa. En poco menos de cinco años (1996-2001), la tasa de adopción de esta tecnología de las nuevas semillas transgénicas alcanzó el 100%.
A partir de allí comenzó un proceso de sojización que modificó la estructura productiva del agro desplazando prácticas y productos agropecuarios tradicionales por pooles de siembra ligados al agronegocio especulativo que atenta contra la soberanía alimentaria y perjudica principalmente a pequeños y medianos productores, además de contaminar suelos y pueblos enteros.
Es importante mencionar que previamente, en 1991, por decreto de necesidad y urgencia se desreguló el mercado agropecuario. Se eliminó la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto Forestal Nacional, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de Yerba Mate, el Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate y la Dirección Nacional del Azúcar. El Estado argentino quedó sin herramientas para intervenir en la producción del agro. Tal como sucede actualmente.
También es necesario traer al presente el rol que tuvo en aquellos años el científico Andrés Carrasco -ex presidente del CONICET y jefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires- para confirmar los efectos devastadores del glifosato, su vínculo con los pueblos fumigados y su entrevista con el periodista Darío Aranda para exponer esta realidad en los medios.
Las mujeres pioneras en defender la vida
“No descubrí nada nuevo. Digo lo mismo que las familias que son fumigadas, sólo que lo confirmé en un laboratorio”, señaló Carrasco en su momento. En este sentido, fueron las mujeres las primeras en darse cuenta de que sus hijos, hijas y maridos se estaban enfermando de cáncer por las fumigaciones con agrotóxicos.
Al ser ellas las encargadas de los cuidados, empezaron a atar cabos y se dieron cuenta de que las fumigaciones estaban repercutiendo en la salud de sus familias. Uno de los ejemplos más conocidos es el del barrio Ituzaingó Anexo ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde esas mujeres, como hacían las Madres de Plaza de Mayo, iban a hacer rondas con pañuelos hasta que fueron escuchadas y su lucha visibilizada para alertar sobre las consecuencias mortales del modelo transgénico.
A partir de que los pueblos fumigados alzaron sus voces, en muchas localidades del país afectadas por la sojización la justicia tuvo que frenar las fumigaciones y limitar su radio de actuación, tanto si eran fumigaciones terrestres como aéreas. La carga se invirtió y los que tenían que demostrar que no estaban contaminando eran los grandes empresarios agropecuarios.
¿Qué pasa ahora con el decreto desregulador de Sturzenegger? Una regresión a la situación de hace tres décadas atrás con un Estado ausente que deja desamparadas a las comunidades afectadas. Pero con la diferencia que ahora el movimiento ambientalista cuenta con una experiencia y acumulado de luchas y saberes para, una vez más, defender la vida humana y no humana ante la voracidad del mercado.
Contra el maldesarrollo
Existen evidencias de sobra sobre las consecuencias mortales del modelo del agronegocio y un conocimiento acabado sobre su funcionamiento. Por eso mismo es necesario ir a la raíz del problema y poner de relieve el trasfondo estructural de este modelo que remite a un paradigma de desarrollo que es hegemónico hace décadas en América Latina y que Maristella Svampa y Enrique Viale conceptualizan retomando la categoría de “maldesarrollo”.
Un concepto que hace referencia al actual modelo antropocéntrico que desde una visión productivista toma a la naturaleza como un objeto que se puede dominar y controlar bajo la lógica de un crecimiento infinito basado en la sobreexplotación de los recursos naturales finitos del planeta. Por eso necesitamos discutir la idea de que con un bien común, sea un mineral o un poroto, nos vamos a salvar y alcanzar el tan mentado desarrollo.
Necesitamos que los más ricos de nuestra sociedad consuman menos y mejor y que los más pobres consuman más y mejor. Necesitamos que crezca la vivienda, la educación y la salud para los sectores más vulnerables y empobrecidos y ponerle límites a las corporaciones que contaminan y saquean nuestros bienes comunes. Hasta ahora el crecimiento económico bajo estos modelos de (mal)desarrollo no trajo bienestar para la mayoría ni ningún tipo de solución sustentable para el planeta.
Revertir esta situación donde peligra la reproducción de la vida humana y la naturaleza por la voracidad empresarial, implica empezar a discutir una reforma agraria integral y popular que proteja la biodiversidad, que ponga los bienes comunes en función de los intereses de la mayoría de la población, resguardando en el proceso el futuro del planeta y por lo tanto de nuestras vidas; que garantice alimentos sanos y saludables para todos y todas, fundamentalmente para los niños y niñas.
El problema radica en que se sigue apostando -cada vez más- a una política de concesiones a los grupos económicos, mientras las consecuencias las terminan pagando siempre las mayorías populares. Esto solo va a verse profundizado en el marco del Régimen de incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Frente a esta situación necesitamos construir agendas programáticas que pongan a discutir, por ejemplo, la gestión social de los bienes comunes o la participación popular en el control de los mismos. Propuestas que dejen de jugar en una cancha marcada de antemano por un modelo global, capitalista, patriarcal, androcéntrico y colonial.
El ambientalismo, cuando se construye y se nutre de las experiencias territoriales, del feminismo popular, de las estrategias de quienes no se pueden dar el lujo de la resignación, tiene la posibilidad de imaginar y de construir una respuesta que modifique el rumbo de aquello ya instituido y ya probado. Nos toca dejar de repetir viejas fórmulas (aun si antes funcionaron) para animarnos a imaginar otros mundos (y modelos de desarrollo) posibles.
- Les autores son integrantes de la Escuela de Salud y Ambientalismo Popular