En julio pasado la Convención Constituyente de La Rioja juró en la Legislatura la nueva Constitución Provincial. Esto dio por concluido un recorrido que se había iniciado un año atrás, luego de que las elecciones provinciales de mayo de 2023 le dieran al bloque de Unión por la Patria los escaños suficientes para llevar adelante la reforma.
Cuando se inició este proceso constituyente, en paralelo tenía lugar una disputa abierta contra la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, la cual tuvo un contundente rechazo popular por parte de organizaciones sociales, comunidades indígenas y el pueblo jujeño en general. Todos los sectores salieron a las calles a defender el derecho a la protesta social y a la defensa de sus territorios y bienes comunes.
El gobernador riojano, Ricardo Quintela, se paró en aquel entonces en la vereda de enfrente y sostuvo que la reforma constitucional de su provincia no buscaba negar derechos sino, por el contrario, ampliarlos. E hizo bandera principalmente de los derechos relacionados con el acceso al agua, la energía y la conectividad.
Asimismo, con la llegada a la presidencia de Javier Milei, Quintela volvió a desmarcarse. En este sentido, la nueva Carta Magna riojana se destaca por consagrar derechos e ideas diametralmente opuestas a las del gobierno nacional, que postula el negacionismo climático, la profundización del extractivismo y la ausencia del Estado.
Justicia social, renta básica universal y paridad de género son algunas de las ideas que se pueden encontrar en el texto constitucional riojano. Hay un reconocimiento a la problemática socioambiental y -en boca del propio Quintela- se afirma que el agua y la energía pueden ser una demanda comercial y política para algunos sectores, pero que esta “debe ser resuelta por el Estado”. Por esto mismo se incluyeron en la reforma cuestiones como el acceso al agua, la soberanía alimentaria y el correcto uso de los recursos minerales y energéticos.
En su Preámbulo promueve “el desarrollo sostenible de la naturaleza” de la provincia, “respetuoso de la autodeterminación de la persona, que garantice el buen vivir”. Afirma además “la primacía y el respeto supremo de los derechos humanos”, que deben guiar los actos de las autoridades. También habla de una sociedad inclusiva, que “garantice el acceso a todos y cada uno de los derechos con equidad e igualdad de oportunidades”. Y reconoce “la preexistencia histórica” de los Pueblos Originarios.
Asimismo, destaca algunas cuestiones importantes a tener en cuenta en materia ambiental:
- El Artículo 48 se centra en el derecho al agua y sostiene que “todos los habitantes tienen derecho a acceder al agua en condiciones de consumo y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas a un valor asequible”. Además, atribuye al Estado Provincial la garantía de “la sostenibilidad en la gestión, planificación y provisión de agua, considerando su variado espectro de aplicaciones e implicancias”. Y concluye con que “el cuidado y buen uso del agua es política de Estado y responsabilidad ciudadana”.
- Los artículos 78 y 79 señalan las funciones socioambientales de la economía y el capital. En el primer caso se establece que la actividad económica “estará al servicio de las personas y se organizará conforme a los principios socioambientales de esta Constitución”. En este sentido, “el Estado garantiza la libre iniciativa privada, armonizandola con los derechos de la persona, la comunidad y el ambiente en el cual se desarrollen los mismos debiendo regular las actividades económicas a esos efectos”. En lo que respecta a la función social del capital afirma que “debe tener por principal objeto el desarrollo y progreso de la Provincia y sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo”.
- En el artículo 80 se señala la función ambiental y social de la propiedad: “La propiedad privada tiene una función ambiental y social, vinculada a la consideración de la naturaleza como categoría de necesaria protección legal, en consecuencia, la misma queda sometida a las restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.
- En el artículo 82, se afirma que “la soberanía alimentaria garantiza el derecho de cada ciudadano a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. El Estado tiene la responsabilidad de asegurarla en sus políticas agrarias, económicas, presupuestarias, sociales, educativas y sanitarias y asegura accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad de los alimentos que permitan satisfacer las necesidades nutricionales adecuadas, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral de los ciudadanos”.
- El artículo 83, referido al “Dominio de los Bienes Naturales Comunes” establece que “la Provincia, en el ejercicio de la soberanía inherente al pueblo, es dueña originaria de todos los bienes naturales comunes sean de carácter renovable o no renovables e inagotables, incluyendo los recursos genéticos que existen en su territorio”.
La presión extractiva
Es importante atender al principal problema que aparece cuando se discuten estas cuestiones en el marco de una economía fuertemente extractiva. En el caso de La Rioja, el litio surge como una problemática de primer órden que lleva a preguntarse si podrá efectivizarse este bloque constitucional de artículos socioambientales en una provincia donde la minería está más que presente.
En una nota escrita por Carina Jofré, Claudio Revuelta, Patricia Dreidemie y Guido Altamira, investigadores/as del CONICET y docentes de universidades nacionales de San Juan, La Rioja y Chilecito para la Agencia Tierra Viva, se menciona el problema del “boom” del litio y cobre que existe en el mundo y que están convirtiendo a la zona de la Reserva de Biósfera San Guillermo (San Juan) y la Reserva Provincial Laguna Brava (La Rioja) en una “zona extractiva” de gran atracción para capitales mineros.
En el artículo muestran cómo pueden coexistir el modelo de áreas protegidas con el de áreas de sacrificio y hacen mención a diversos proyectos mineros en curso, principalmente para explotación de litio. Por ejemplo, en zonas adyacentes a la Reserva Laguna Brava en donde la zonificación realizada por el gobierno de La Rioja permite la actividad minera en las zonas no declaradas intangibles y de amortiguamiento, lo que deriva en un cercamiento total de las áreas protegidas.
En esa línea, distintas asambleas ambientales salieron a marcarle la cancha a la reforma constitucional. La Rioja es conocida por su lucha ambiental. La campaña “El Famatina no se toca” -que logró frenar la instalación de varios proyectos mineros- ha sido una de las más resonantes defensas del territorio frente al avance del extractivismo.
A inicios de los 2000 les vecines del departamento riojano de Famatina escucharon que la compañía Barrick Gold necesitaba 1000 metros cúbicos de agua por día para explotar oro en la mina que buscaba instalar. Mientras que el caudal diario de la zona era de 750. Frente a esto empezaron a organizarse y a informarse sobre lo que significaba el extractivismo y sosteniendo que “el agua vale más que el oro” fueron frenando proyecto tras proyecto.
El agua es sin duda la principal discusión en la provincia, por eso La Asamblea Por la Vida Chilecito emitió un comunicado antes de la jura de la nueva Constitución donde exigían que se especifique la prioridad de uso del agua para las comunidades y pequeños y medianos emprendimientos relacionados con la subsistencia de los pueblos, como la agroecología, la ganadería y la agricultura a pequeña escala. El artículo de la reforma menciona que la gestión, planificación y provisión de agua debe atender a su “variado espectro de aplicaciones e implicancias”; también dice que “todos los habitantes tienen derecho a acceder al agua en condiciones de consumo y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas a un valor asequible”, pero no habla de prioridades. Esta es la mayor preocupación de la Asamblea de Chilecito, porque sostienen que existen al menos seis proyectos mineros en etapa de prospección y exploración en la provincia.
Un desafío en un contexto de regresión ambiental
Sin duda el articulado de la reforma, desde la mención del Buen Vivir en su preámbulo, es innovador y podría ser un modelo a seguir en otros territorios nacionales. Esto cobra más importancia si tenemos en cuenta que Quintela manifestó públicamente su no adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados centrales de la Ley Bases.
Este régimen diseñado por el gobierno nacional busca atraer grandes inversiones, principalmente extranjeras, otorgando beneficios como estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por treinta años. El gobernador riojano marcó que es un régimen que busca extraer riquezas sin beneficios para la comunidad, mientras que en La Rioja se va a priorizar el bienestar de sus habitantes, rechazando cualquier inversión o proyecto económico que no respete este principio.
Ahora bien, ¿es posible en la Argentina de Milei y del RIGI conciliar desarrollo y sustentabilidad ante la profundización del extractivismo y el saqueo? ¿Es factible esto en un país ambientalmente liberalizado donde hace tiempo no se cumplen las leyes y controles ambientales? ¿Cómo van a tramitarse estas tensiones y contradicciones en una provincia como La Rioja marcada desde hace años por la política extractivista?
En última instancia todo dependerá también de la resistencia del pueblo riojano a esta presión potenciada por un gobierno nacional de ultraderecha que tiene al movimiento ambientalista como uno de sus blancos predilectos. El texto de la nueva Carta Magna riojana parece prometedor y muestra una intencionalidad política progresiva, resta ahora ver su implementación, para que la innovación no quede solo en letra muerta.
Por eso, con esta crisis socioecológica y civilizatoria que estamos padeciendo es más que necesario poner en discusión el paradigma de desarrollo heredado de la modernidad y confrontar con la salida financiera y extractivista que algunos gobiernos y fuerzas políticas (en especial las ultraderechas sudamericanas) proponen en alianza con los países ricos del norte global. Para ello debemos empezar por imaginar otro horizonte, socialmente justo y ecológicamente sustentable, que ponga en el centro una ética del cuidado y que discuta la idea de desarrollo, progreso y crecimiento. No sólo es posible, sino cada vez más necesario y urgente.
En este contexto de ascenso de ideas retrógradas, la nueva constitución de La Rioja, al menos en su texto y con todas sus contradicciones, es un piso mejor para avanzar en discusiones necesarias.