El superávit fiscal que el gobierno de Javier Milei presenta como un “logro” de su gestión se está realizando sobre la base de la salud, la ciencia, la educación, las jubilaciones y el ambiente, entre otros ítems, lo que redundará en más empobrecimiento para la mayoría del pueblo argentino. En menos de diez meses de gobierno libertario las condiciones de vida de los sectores populares y la clase media se vieron deterioradas y precarizadas en tiempo récord por una crisis socioeconómica que se podría haber evitado y que no muestra señales de aplacarse.
En este contexto, ante un Congreso semivacío y una transmisión por cadena nacional que provocó la caída del rating por varios puntos, Milei presentó el pasado 15 de septiembre el proyecto de ley del Presupuesto 2025 con un discurso que fue más una puesta en escena -con frases e ideas que repite hace tiempo y que ya muestran signos visibles de hartazgo social- donde dejó entrever que el ajuste para pagar la deuda con el FMI se seguirá haciendo sobre el bienestar de las mayorías. Mientras tanto, las grandes fortunas y capitales continuarán teniendo las mejores condiciones para maximizar sus ganancias.
Asimismo, a contramano de lo que hacen las economías del resto del mundo, que implementan políticas contracíclicas para revertir recesiones, el presupuesto deja en claro las anteojeras ideológicas y la insistencia en un fundamentalismo de mercado anacrónico y perjudicial.
¿No hay plata?
“El destino de un pueblo se juega por las decisiones económicas que toma”, sostuvo el presidente y sin duda las decisiones de este gobierno tendrán consecuencias en nuestro destino en general y en nuestro ambiente y bienes comunes en particular. Por eso, analizar el presupuesto permite observar, entre otras cosas, que es mentira que “no hay plata”. Hay dinero, pero las prioridades no tienen nada que ver con mejorar la calidad de vida de la población.
Por ejemplo, se destinan millones a equipamiento militar y a gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), mientras se reduce para educación, salud, ciencia y tecnología. Esto tiene su correlato en los desmedidos despliegues de las fuerzas represivas a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, frente a protestas pacíficas como la de los jubilados y en las operaciones y ejército de trolls a cargo del “todopoderoso” asesor presidencial, Santiago Caputo.
En el análisis del presupuesto pensado para el año que viene también podemos ver la cuestión de los “regímenes de excepción”. Se trata de sumas de dinero que el Estado no va a percibir a causa de la existencia de regímenes fiscales especiales para las grandes empresas mientras en paralelo se quitan los subsidios y se aumenta lo que cada ciudadano/a va a tener que pagar de servicios de luz, agua y gas.
Es decir, hay excepciones para la riqueza mientras el veto a un aumento del 8% en los haberes jubilatorios fue festejado, tras una salvaje represión frente al Congreso, con un asado en la quinta de Olivos para los “87 héroes” tal como Milei calificó a los diputados que evitaron la modificación de la movilidad jubilatoria. Otra muestra más de crueldad, pero que está vez provocó un amplio repudio social que de acuerdo a diversas consultoras está generando una caída acelerada de la imagen presidencial.
Vía libre para contaminar y desproteger
Como ya quedó claro, el ambiente y la crisis climática no son prioridades para este gobierno, y esto se refleja en el proyecto de ley del Presupuesto 2025, en el que sigue vigente que la cuestión ambiental se mantenga agrupada con turismo y deporte bajo el rango de Secretaría, absolutamente desjerarquizada.
El Presupuesto 2025 muestra una caída del financiamiento al Programa de Evaluación y Control Ambiental, que pasa de tener 30.607 millones de pesos a 16.505 millones. Una pérdida de más del 50% en términos reales si se tiene en cuenta las estimaciones de inflación para el año que viene.
¿Por qué es importante este programa? Porque es el que lleva adelante, entre otras cosas, la supervisión de tareas de control y fiscalización en materia de residuos, sustancias químicas, efluentes, flora y fauna silvestre, controlando los establecimientos y actividades que puedan ocasionar algún riesgo o daño ambiental. Además, se encarga de la evaluación de los estudios de impacto ambiental.
Esto se da en un contexto donde se espera la llegada de proyectos extractivos con un fuerte impacto ambiental, debido a los beneficios ofrecidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Y donde ante la avanzada de estas iniciativas, como en el caso del yacimiento patagónico de oro y plata Calcatreu, se usa la carta de los estudios de impacto para garantizar que los mismos van a ser “sustentables”.
Lejos de fortalecer las herramientas que podrían garantizar el control del extractivismo se desfinancia el programa, dando vía libre al saqueo de nuestros recursos naturales y a la contaminación de nuestro ambiente.
A esto se suma que las partidas destinadas a la Administración de Parques Nacionales cayeron más del 40% en términos generales. Esto tiene una traducción material concreta en, por ejemplo, menos guardaparques, recursos e insumos para prevenir y combatir incendios. Es decir, el cuidado de las áreas protegidas, que se supone son ecosistemas de conservación prioritarios, no es una prioridad.
Argentina posee actualmente 55 de estas áreas que cumplen la función de resguardar el patrimonio natural y cultural del país cuya conservación hoy se encuentra en peligro por el desfinanciamiento llevado a cabo por el gobierno libertario. Además son áreas claves para absorber gases de efecto invernadero y mitigar las consecuencias de la crisis climática.
Energía: dime qué subsidias y te diré quien eres
El Presupuesto 2025 sostiene el subsidio a los hidrocarburos, lo que implica una intervención del Estado en favor de un sector determinado, algo que se supone que “la libertad” no permite. Sin embargo, parece que sí se puede intervenir y subsidiar selectivamente, la cuestión es a quienes.
Por ejemplo, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), los subsidios a la demanda, que significa subsidiar programas para que determinados sectores puedan acceder a una garrafa, se reducen de 120 mil millones de pesos a 77 mil millones. Pero los subsidios a la oferta, que es lo que reciben las empresas de manera directa por la extracción de gas, pasarán de 150 mil millones a 228 mil millones. Entonces es evidente que sí se puede intervenir y subsidiar para que las empresas petroleras tengan más ganancias (de las que ya tienen), pero no para que las familias de más bajos ingresos puedan cocinar o calentarse en invierno.
Además se eliminan en el Presupuesto programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables. En nuestro país, la matriz energética se basa en más de un 80% en combustibles fósiles, mientras apenas un 14% proviene de energías renovables. Frente a esto, la diversificación de la matriz energética permitiría disminuir la participación de combustibles fósiles (carbón, gas) en favor de energías como la solar, eólica, hidroeléctrica, entre otras. Esta transición implica un proceso de cambio en la forma de producción, distribución y consumo de energía con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mitigar la crisis climática.
Los números del presupuesto muestran que durante 2025 no se va a impulsar ninguna diversificación energética, ni pensar en una transición justa. Algo que no sorprende, ya que el gobierno no para de repetir que no cree en el cambio climático y se manifiesta abiertamente en contra de la Agenda 2030 que fue adoptada por la ONU en 2015 como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, apuntando también a fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Incumplimiento de la Ley de Bosques
Otra de las cuestiones a tener en cuenta en materia ambiental cuando se mira el Proyecto de Ley, es que no cumple con lo que estipula la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (conocida como la Ley de Bosques). De hecho es el menor presupuesto asignado desde la sanción de la ley en 2007. Para el negacionismo climático que sostiene este gobierno en sintonía con la ultraderecha global, los bosques no resultan muy importantes porque no está en su horizonte la necesidad de que existan pulmones verdes que absorban dióxido de carbono, ni tampoco la preocupación por el hecho que al destruirlos se emitan a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero que profundicen una crisis climática que se supone que no es tal.
En su artículo 31, la Ley de Bosques estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese 0,3% para 2025 debiera ser de 352.664.245.606 -trescientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos seis pesos- pero se estipularon 9.090 millones. Para entender lo que esto significa, la Fundación Vida Silvestre armó una explicación clara y gráfica: según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión. Con un presupuesto de 9.090 millones de pesos al año serían 170 pesos para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 15 pesos por mes por hectárea.
Es imposible pensar que con ese monto se puede fiscalizar, controlar, vigilar y proteger los bosques o poner en funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación. Esto es importante porque en los últimos años se ha vuelto a incrementar la deforestación debido a los incendios y el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales y urbanísticas.
Asimismo, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley. Tampoco ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permitiría mayores sanciones a quienes deforestan.
Más extractivismo minero con beneficios fiscales
Pero no todo se redujo en lo que refiere a lo ambiental dentro del Presupuesto 2025. Según la FARN, en el caso de la minería el volumen de exenciones fiscales de las que gozan gracias al régimen de la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196) de 1993 es especialmente importante y no para de aumentar. En 2023 el Estado Nacional dejó de percibir más de 136 mil millones de pesos por estas exenciones, y en 2024 esta cifra superaría los 396 mil millones. Las proyecciones para 2025 ascienden a casi 541 mil millones.
Para que se comprenda más gráficamente lo que esto implica: esto equivale a más de 59 veces el presupuesto destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos asignado para el 2025. La FARN destaca, además, que estas exenciones se concentran en un reducido grupo de 42 empresas, las cuales se benefician de una exención casi total del impuesto a las ganancias mientras se recarga la presión de este gravamen sobre los ingresos de los y las trabajadoras.
El cuidado del ambiente queda tan relegado que con el 56,4% de los fondos destinados a los subsidios a la oferta de hidrocarburos se podría financiar la totalidad del presupuesto para la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN). Si como dijo Milei “el destino de un pueblo se juega por las decisiones económicas que toma”, con este presupuesto queda en claro que nuestro destino no va a incluir un ambiente sano, ni el cuidado de los recursos naturales o bienes comunes y menos aún atender a la crisis climática como se viene haciendo en todo el resto del mundo.