Esta semana estalló en EE.UU. una bomba política: se filtró un documento que manifiesta la intención de la Corte Suprema de revocar el fallo Roe vs. Wade que, desde 1973, habilita a nivel federal el derecho al aborto. La propia Corte ya reconoció la autenticidad del texto filtrado, y tomará una definición final sobre el asunto a partir del mes que viene.
Hasta el momento no existe en el país legislación federal respecto al derecho a interrumpir legalmente un embarazo, por lo que Roe vs Wade era la única garantía a nivel nacional. Sin esa jurisprudencia es cada Estado el que define su legalidad o ilegalidad, debido al sistema federalista que rige en el país.
Esto significa que por primera vez en 50 años este derecho podría ser prohibido en gran parte de EE.UU., especialmente en el sur (históricamente más conservador) y en general en los Estados controlados por el Partido Republicano que suman 25, la mitad del total.
La filtración del documento desató protestas en todo el país, con eje en Washington, la capital, donde se encuentra el edificio de la Corte Suprema. Y seguramente continúen y se multipliquen si el máximo tribunal confirma la revocación del fallo. Un precedente en ese sentido son las masivas movilizaciones de mujeres que se realizaron contra el gobierno de Donald Trump y la amplia conciencia sobre la opresión de género que se hizo visible con el movimiento Me too (“Yo también”) desde 2017.
Una Corte Suprema con mayoría ultra-conservadora
Además de las consecuencias que este fallo podría tener, refleja otra cuestión más estructural: la consolidación de un perfil ultra-conservador en la Corte Suprema, que por su naturaleza (los jueces son nombrados de por vida) podría durar décadas.
La actual conformación recibió una fuerte impronta durante el gobierno de Donald Trump, que nombró a 3 de los 9 jueces que la componen. Esto se suma a otros 3 ya nombrados por gobiernos anteriores del Partido Republicano. Esta mayoría absoluta implica la cristalización de una relación de fuerzas muy negativa para los sectores populares estadounidenses.
Estos elementos vienen provocando (al igual que en otras latitudes) un creciente cuestionamiento a la propia naturaleza del máximo tribunal: es visto como una institución antidemocrática y elitista cuyos miembros son nombrados sin ningún tipo de participación popular, conservan el cargo hasta su muerte y tienen un poder de decisión sobre los derechos fundamentales de millones de personas.
El derecho al aborto y el Congreso de los Estados Unidos
Esta situación puso sobre la mesa otra demanda: la codificación en ley del fallo Roe vs Wade, para que no sea materia de interpretación jurídica sino una norma establecida por el propio Poder Legislativo.
Una normativa de estas características podría ser fácilmente aprobada por la cámara baja (donde el Partido Demócrata tiene una mayoría clara), pero encontraría mayores dificultades en el Senado. Dicha institución se encuentra dividida en dos mitades iguales entre los senadores del Partido Republicano y los demócratas y sus aliados.
Si bien en caso de empate la que resuelve es la vicepresidencia de la nación (en este caso del Partido Demócrata), previamente se necesita que la totalidad de los 50 senadores demócratas voten a favor en dos instancias: primero para cambiar el reglamento del Senado e impedir las maniobras obstruccionistas de la oposición (lo que en EE.UU. se conoce como “filibusterismo”), y luego en la votación del proyecto de ley propiamente dicho.
Sin embargo se estima que algunos senadores demócratas no votarían favorablemente en la primera instancia (e inclusive tampoco en la segunda), y el propio presidente Joe Biden se manifestó en varias ocasiones en contra de que se modifique el reglamento de la Cámara Alta. El argumento es que las reglas vigentes establecen una protección en caso de que un futuro gobierno republicano quiera aprobar legislación reaccionaria sin contar con una amplia mayoría en el Congreso. Se trata de un argumento dudoso ya que nada impide que en esa situación sean los propios republicanos los que voten por cambiar dicho reglamento.
Estrategias para defender los derechos
El presidente Biden y varias figuras públicas del Partido Demócrata tomaron posición en las redes sociales rechazando el posible fallo de la Corte y señalando que la única forma de garantizar los derechos reproductivos sería votando candidatos demócratas en las elecciones nacionales legislativas que se realizarán en noviembre de este año.
Por su parte, distintas organizaciones, activistas de izquierda y feministas criticaron este enfoque exclusivamente electoral e institucional. Asimismo remarcaron la importancia de la protesta en las calles y la ineficiencia de los propios representantes demócratas para defender su propia plataforma.
En esta perspectiva, se tomó inclusive como ejemplo de modelo exitoso las protestas de la llamada “Marea Verde” en Argentina que conquistó la legalización del aborto. Entre otras cosas, el ejemplo argentino muestra que la presión en las calles puede llevar a muchos miembros del Congreso a cambiar su voto, remontando lo que de otra manera sería un resultado desfavorable.