Desde hace ocho meses, la médica Miranda Ruiz enfrenta un proceso judicial iniciado por la familia de una paciente y los sectores más conservadores de la ciudad salteña de Tartagal. El Poder Judicial la imputó por presunto delito de “aborto sin consentimiento informado” y pese al pedido de sobreseimiento que hizo la defensa, el proceso judicial continúa.
Frente a esto, el jueves 12 de mayo, diferentes organizaciones sociales, políticas, feministas y de derechos humanos, se convocaron frente a Ciudad Judicial, en la capital provincial. Es que Ruíz es, además, la única médica de familia que garantiza el cumpliemiento de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el departamento San Martín.
La solidaridad con la médica salteña traspasó los límites provinciales y diferentes organismos del país se han presentado como amicus curiae en la causa. Entre estos está el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). “La denuncia busca disciplinar a les profesionales de la salud que respetan la ley y obstaculizar los derechos de quienes necesitan servicios médicos públicos”, señalaron mediante un comunicado.
Milagro Sayago y Rocío García Garro, pertenecientes al equipo de CDD, y Lucía de la Vega, del CELS, fueron recibidas por el procurador general de la provincia, Pedro Garcia Castiella. Según las abogadas, este último se comprometió a garantizar “prudencia y objetividad frente a la presión de los sectores antiderechos”.
Otra de las voces que se sumó al pedido de sobreseimiento es la de la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gomez Alcorta, quien mantuvo una reunión via zoom en febrero con la médica. “Seguimos pidiendo el sobreseimiento de Miranda Ruiz, la médica de Salta que atraviesa un proceso judicial por garantizar un aborto legal. El acceso a la IVE debe ser efectivo en todo el país. Vamos a defender esta conquista todos los días”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.
La junta médica
El juez de Garantías de Tartagal, Héctor Mariscal Asitigueta, dispuso que una junta médica judicial revisará si la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se realizó conforme a lo establecido por las normativas vigentes. La decisión surge de un pedido por parte del fiscal de la causa, Gonzalo Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).
Para Ruiz, que formó parte del equipo interdisciplinario del Hospital Juan Domingo Peron al momento de llevar a cabo la intervención médica, “es una maniobra más de Vega y Astigueta, y va en contra, incluso, hasta del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia”. Se refiere a la sentencia del Máximo Tribunal del año 2012 que estableció que cualquier interrupción de un embarazo producto de una violación, no es punible.
Finalmente la profesional apuntó que “toda la causa está mal justificada y no hay ninguna prueba de que el aborto se realizó sin el aval de la joven”.