Hace una semana Chile fue protagonista de un terremoto electoral provocado por los resultados del plebiscito de salida del proceso constituyente que buscaba sellar el destino de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Durante los últimos meses las encuestas daban por favorito a la opción Rechazo, pero los pronósticos quedaron absolutamente cortos.
La votación del 4 septiembre tuvo una participación excepcional del 85% del electorado -13.021.063 personas-, convirtiéndose en la más importante en la historia electoral chilena, a partir de la inscripción automática en los registros y voto obligatorio. Del total de electores, 7.882.958 se manifestaron por el Rechazo (61,86%) y 4.860.093 (38,14%) por el Apruebo.
Las cifras son contundentes, aún más cuando nos concentramos en ciertos detalles, algunos desconcertantes: de los 345 municipios del país, la opción por aprobar la propuesta de nueva constitución solo ganó en 8 de ellos; en los sectores populares el Rechazo simplemente arrasó. La votación obtenida por quienes estaban en contra de la propuesta del nuevo texto constitucional supera con creces la obtenida en octubre de 2020 para aprobar el inicio de un proceso constituyente (5.892.832 votos); también supera por lejos la votación obtenida por el presidente Gabriel Boric en la elección de diciembre de 2021 (4.620.890).
Cabe destacar que la opción Apruebo solo supera al actual mandatario en poco más de 200.000 votos, lo que deja claro que el plebiscito de salida terminó convirtiéndose en una medición para el gobierno de Boric.
Conocidos los resultados, el mandatario asumió el golpe y dejó entender que buscaría reiniciar el proceso de alcanzar una nueva constitución y hacer ajustes a su gobierno, dada la debilidad en la que lo dejó el resultado. “Hay que escuchar la voz del pueblo, no sólo de este día sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo”, dijo. Y agregó: “Me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana”.
Cambios hacia el centro en el equipo de gobierno ¿Bajando dos cambios?
Los primeros seis meses del gobierno de Gabriel Boric han ido de más a menos. Descoordinaciones, falta de conducción política, polémicas innecesarias, incapacidad de imponer agenda, falta de relato, serias dificultades para relacionarse con un Congreso poco amigable son algunas de las características del período. Y los resultados del plebiscito constituyente sólo aportaron más barro al débil piso de la administración.
La noche del domingo y durante el día lunes se especuló cuales serían los objetivos del cambio en el gabinete de gobierno. A eso se le sumaba la presión desde la derecha que, utilizando el amplio crédito que obtuvo tras el plebiscito, para sentarse a conversar exigía que se concretara el ajuste ministerial, que ya se venía anunciando hace semanas.
Sí había dos modificaciones segura:, la de la ministra de Interior, Izkia Siches, criticada por su gestión política y los problemas de seguridad en el sur de Chile -principalmente en territorio Mapuche-; y Giorgio Jackson, compañero de vida política del presidente y cabeza del ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo de las relaciones con un Parlamento sin mayorías oficialistas.
En su reemplazo se convocó a dos figuras de la primera línea de la socialdemocracia chilena (ex Concertación o ex Nueva Mayoría). En Interior llegó Carolina Tohá, ex diputada, ex vocera de gobierno en la primera administración de Michelle Bachelet y ex alcaldesa de Santiago. Una figura representativa de los sectores que no alcanzaron la primera línea en los años concertacionistas y que es reconocida por su discurso de “consenso”. También su nombramiento tiene carácter simbólico ya que es hija de José Tohá, ex ministro del Interior de Salvador Allende muerto a causa de las torturas recibidas tras ser detenido luego el golpe de Estado de 1973.
Junto con ella entró como ministra Secretaria General de la Presidencia Ana Lya Uriarte, mano derecha de la ex presidenta Bachelet y hasta ahora jefa de gabinete de la ex ministra Siches. Militante socialista, de permanente bajo perfil y muñeca aceitada, fue recibida con bríos por los sectores moderados e incluso la derecha la esperó en las puertas del Parlamento para saludarla. En su primera rueda de prensa dijo que su tarea era “tender puentes” y en streaming junto a la vocera de gobierno dijo: “Soy una mujer de 60 años ya, sí, es cierto, a donde quiera que me siento en esta Moneda quedo como la inspectora general del colegio, pero no importa, he superado eso”.
El resto de los ajustes -Salud, Energía y Ciencias- sólo permitieron “cuadrar el círculo” para que los sectores moderados entraran al primer anillo de gobierno. Cambios que movieron el piso en Apruebo Dignidad, alianza que reúne al Frente Amplio y el Partido Comunista que representan el ala más de izquierdas del gobierno, y que deja la sensación que el horizonte del Ejecutivo es sortear los tres años y medios que restan, los que por lo demás estarán marcados por una crisis política, social -y sobre todo- económica.
Nueva Constitución ¿Quién la escribe?
El acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que abrió el proceso constituyente como salida institucional a la crisis política, establece que de ser “rechazada la propuesta de nueva constitución queda vigente la constitución de 1980” por lo que se deben abrir negociaciones con todos los sectores políticos para tener una nueva instancia.
El gobierno intentó acelerar este proceso como una forma de cerrar rápido el capítulo y poder concentrarse en la implementación de su programa. Fue así que el lunes post plebiscito el presidente Boric se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y los representantes de los alcaldes del país. El martes, tras el cambio de gabinete, lo hizo con los partidos con representación parlamentaria y acordó que las negociaciones se llevarán a cabo en el Congreso. Miércoles en la tarde fue la primera reunión para iniciar las negociaciones y se terminó por acordar, a instancia de la derecha, seguir este lunes 12 de septiembre para “tener tiempo de reflexionar” respecto del escenario político que se abre para el futuro.
Hoy hay tres caminos posibles en lo constitucional: tener un nuevo proceso constituyente a través de una Convención Constitucional con nuevas reglas, limitando los escaños reservados para pueblos originarios, la participación de independientes y que sea acompañada de un comité especializado, escenario que ven con buenos ojos los sectores de centro y centro izquierda; que sea un “panel de expertos” de diferentes sectores políticos los que se dediquen a dar forma al nuevo documento constitucional basándose en todas las propuestas emanadas el último tiempo (la rechazada el domingo, la ingresada por Bachelet al parlamento en su último día de gobierno y posibles reformas a la constitución del ‘80); y, por último, mantener el actual texto constitucional.
Es la derecha, amparada en los resultados del pasado domingo, la que tiene la sartén por el mango. Mientras tanto en las calles los estudiantes, tal como en 2019, llevan una semana continua de protestas pidiendo retomar el proceso constituyente siendo duramente reprimidos en Santiago por las fuerzas policiales.
El escenario político en Chile es complejo a 49 años del golpe de Estado y está bastante lejos de alcanzar de resolverse la crisis política que el país vive con fuerza desde hace tres años.