El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una organización insurgente fundada en el año 1964, por lo que ya suma 59 años de lucha político-militar a pesar de que en cada periodo presidencial se anuncia su posible derrota militar. Como esto no ha ocurrido, amerita preguntarse si no es mejor apostar por el camino del diálogo y la negociación política. ¿Por qué no buscar las transformaciones económicas, políticas, culturales, ambientales y éticas que requiere el país a través de un gran Acuerdo Nacional? Pareciera que ahora se reabre una nueva oportunidad para esta vía.
El Estado colombiano, reconocido por muchos como “la democracia liberal más antigua del continente americano”, dejó pasar 26 años desde el nacimiento del ELN para que, en medio de una fratricida confrontación militar, realizara los primeros intentos de negociación política durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), en el marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, surgida como articulación insurgente desde 1987. Estas conversaciones se efectuaron en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México) sin que se llegara a buen término.
Posteriormente, en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), se buscaron nuevos acercamientos a través del Frente Internacional del ELN. De allí emergieron conversaciones en Madrid (España) y en las ciudades alemanas de Maguncia y Wurzburg. Así, en el año 1997, se logró el “Acuerdo de Puerta del Cielo”, donde se incorporó la participación de la sociedad en el proceso de negociación de cara al diseño de una “Convención Nacional” que, según rezaba el Acuerdo, debería ser “un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen”.
También se propuso que la Convención buscaría “elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad. Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo, e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente”. Sin embargo, por filtraciones de información del proceso, las conversaciones quedaron congeladas.
En los años posteriores, durante las administraciones de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), se retomaron los acercamientos con el ELN sin que se lograra ningún acuerdo ni la participación de las ciudadanías. Esta situación sirvió también para justificar la lucha contrainsurgente con la implementación del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática, lo que implicó una mayor pérdida de soberanía en clave geopolítica, así como sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El resultado de este empeño bélico tampoco cambió el escenario previo: el ELN no se acabó.
Juan Manuel Santos, tras los convulsos esfuerzos guerreristas que dejó su paso como ministro de Defensa de Álvaro Uribe, al llegar a la Presidencia (2010-2018) aplicó un cambio de estrategia política y militar e inició un nuevo proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y con el ELN.
Para el caso del ELN, esta organización retomó el espíritu de lo acordado con el gobierno del presidente Samper en 1997, buscando con ello la participación de la sociedad y el avance en los seis puntos de la negociación adelantada en Quito (Ecuador), que estuvieron enfocados en: 1. Participación de la sociedad civil en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz; 3. Transformaciones para la paz; 4. Víctimas; 5. Fin del conflicto armado; y 6. Implementación.
Esta agenda quedó suspendida hasta la llegada al gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, lo que evidencia que, desde la primera negociación, han pasado tres décadas y la guerra contra el ELN no se ha resuelto ni por su eliminación física ni por la claudicación de la lucha armada. ¿Se debe insistir, entonces, en la prolongación de la guerra o en la construcción del derecho a la paz con justicia social, a través de una negociación política y con la participación de las ciudadanías?
Claves para entender los actuales diálogos con el ELN
Como resultado de la negociación política entre el ELN y el gobierno actual, ya se definió un proceso de ciclos continuos como metodología de trabajo.
En el primer ciclo, que se desarrolló en Caracas (Venezuela), del 21 de noviembre al 13 de diciembre de 2022, se acordaron cuatro puntos: i). Mantener los seis puntos de la agenda acordada con el presidente Santos; ii). Institucionalizar la Mesa de Negociación; iii). Establecer acciones humanitarias; y iv). Realizar pedagogía y comunicación de cara a la participación ciudadana. En este último punto no hay avances hasta la fecha.
El segundo ciclo, que se adelantó en México entre el 13 de febrero y el 10 de marzo de 2023, ha sido uno de los más importantes en la historia de la negociación Estado-ELN, sobre todo por su contenido programático, que puede ser la ruta para movilizar la participación de las ciudadanías en los siguientes temas:
- Se fijó una visión compartida sobre la paz.
- Se problematizó al capitalismo y su modelo de desarrollo genocida y de despojo.
- Se incorporó al narcotráfico y a la corrupción como factores condicionantes de la crisis institucional y del modelo de sociedad que ha quebrado la ética del bien común.
- Las partes optaron por convocar a los sectores sociales a trabajar desde la movilización social para construir un gran Acuerdo Nacional que lleve a las ciudadanías a actualizar y garantizar las agendas de transformación que demanda el momento social, político, económico y cultural del país.
- Se acordó que la participación de las ciudadanías (ausentes en anteriores intentos de negociación) debe ser amplia, democrática, diferenciada, deliberante y atender a contextos regionales y situados.
- Se destacó que, para tener garantías jurídicas y de movilización social en la construcción de la paz, se debe desmontar el narcoparamilitarismo.
- Se definió la labor de países garantes y acompañantes, así como la metodología de la Mesa de Negociación, lo que habilita espacios para rodear a la Mesa y a las delegaciones sin riesgo de criminalización.
- Se definió que los acuerdos parciales logrados deben ser de aplicación inmediata y después deberán ser incorporados en un gran acuerdo.
- Se propuso que el proceso de negociación y sus logros deben constituirse en políticas de Estado y, mientras se avanza en los diálogos, las partes no deben aprovechar el escenario para avanzar militarmente.
El tercer ciclo de diálogos, desarrollado en La Habana (Cuba), finalizó en junio pasado y acordó un cese al fuego bilateral nacional y transitorio por seis meses, con vocación de continuidad. Es el más largo en la historia entre las partes. También se definió el elemento central de la agenda de negociación: la participación de la sociedad a través de un mecanismo novedoso como la creación del Comité Nacional de Participación (CNP) que estará integrado por diferentes sectores y organizaciones de la sociedad para trabajar en el diseño metodológico de cómo podría ser la participación en los territorios a partir de reconocer los contextos, la diversidad, los intereses que serán determinantes en la actualización de las agendas de transformación de cara a ir forjando el Acuerdo Nacional que supere lo electoral y profundice en las transformaciones (reformistas y estructurales) que requiere Colombia, en tanto este es el espíritu de lo acordado en el segundo ciclo y de los seis puntos de la agenda general de negociación.
Ahora bien, es preciso resaltar que el proceso de negociación no ha sido lineal y tranquilo. Requiere sus tiempos, es pedregoso y espinoso, está marcado por desconfianzas mutuas, y tiene una opinión pública desfavorable; sin embargo, los delegados del Gobierno y del ELN han sorteado distintos obstáculos y mantienen la voluntad de seguir trabajando por una solución política negociada que supere la visión simplista del silenciamiento de los fusiles y la pacificación.
A lo anterior, debe sumarse las dinámicas complejas de guerra que vive el país. Los actores en la Mesa también enfrentan a otros actores armados vinculados especialmente al complejo entramado narcoparamilitar, su posibles alianza con sectores de las Fuerzas Militares y los avances de ‘golpe blando’ contra el Gobierno y la paz, que ponen en riesgo constante la negociación, sus acuerdos, los intentos por desescalar el conflicto y avanzar en la paz con justicia social.
Llegó el momento para que, desde el Congreso de la República, el bien común de la paz sea la prioridad. Que junto con las ciudadanías trabajemos por rodear la Mesa de Negociación y habilitar todos los canales y mecanismos de participación, para que las demandas históricamente incumplidas y las nuevas necesidades de los territorios, sean el contenido programático de la política pública y de la transformación que nos permita lograr un gran Acuerdo Nacional para que la paz deje de ser una esperanza y se convierta en una realidad.