Durante los últimos días tres países europeos -Irlanda, España y Noruega- anunciaron su reconocimiento al Estado palestino. El caso español ganó especial resonancia ya que la formalización de esa medida -concretada esta semana- incluyó mayores precisiones: el reconocimiento de las fronteras anteriores a la guerra de 1967, del carácter de Jerusalén oriental como capital de Palestina, de la necesidad de un corredor que garantice la continuidad territorial de dicho país y de la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como gobierno de todo su territorio. Más aún, el gobierno español comunicó su intención de convocar a una conferencia internacional para hacer realidad la llamada “solución de los dos Estados”.
Este anuncio tiene por contexto la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que ya lleva siete meses y acumula más de 35 mil muertos, 10 mil desaparecidos y dos millones de palestinos desplazados de sus hogares.
El reconocimiento del Estado palestino implica una desautorización explícita de la política del gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu, que mantiene una ferrea negativa a la independencia de esos territorios. Más aún, el mandatario de Israel no formuló desde el inicio de la guerra ningún plan para el futuro de Gaza, mostrando fuertes resistencias a que la misma sea reintegrada a la ANP, entidad que la gobernó hasta 2007 (cuando Hamas ganó las elecciones) y que gobierna actualmente en Cisjordania. Esta ausencia de planes ya está generando fuertes cuestionamientos al interior del propio gobierno y del establishment político-militar israelí, como es el caso del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y del ministro-líder partidario, Benny Gantz.
Los cuestionamientos al gobierno de Tel Aviv crecen también en las calles. En los últimos meses se vienen desarrollando protestas dentro de la propia Israel, protagonizadas entre otros por los familiares de los rehenes secuestrados por Hamas en los ataques del 7 de octubre del año pasado. Dicho sector plantea que los rehenes solo pueden regresar con vida si se llega a un acuerdo de cese de fuego y de intercambio de prisioneros con la organización islamista: la continuación de la guerra sólo incrementa el riesgo de muerte de los secuestrados.
Dentro de Israel comenzó también una importante muestra de humanidad y solidaridad con el pueblo palestino. El grupo pacifista Standing Together (formado por activistas judíos y árabes-palestinos) comenzó a organizar guardias de voluntarios para defender los camiones de ayuda humanitaria dirigidos hacia Gaza, que se encuentran bajo ataque de los grupos de ultraderecha israelíes.
En el terreno internacional también vienen creciendo las críticas. Es el caso, por ejemplo, de las protestas del movimiento estudiantil en EEUU y otros países. En el plano diplomático, durante el mes de mayo 143 países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas (sobre un total de 193) votaron a favor que dicho organismo reconozca al Estado palestino, que hoy tiene status de país observador. La incorporación del mismo como miembro pleno se ve bloqueada sin embargo por el veto que Estados Unidos viene ejerciendo en el Consejo de Seguridad. En un extraño giro político, inclusive el gobierno ucraniano de Volodimir Zelensky -hasta ahora aliado firme de Israel y de la derecha global- giró al apoyo de una solución de dos Estados.
Otro importante hito fue el pedido, por parte del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), de que dicho organismo ordene la detención de Netanyahu -y de otras figuras israelíes así como de Hamas- por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Este pedido todavía debe ser aprobado por los jueces de la CPI, e inclusive en ese caso difícilmente podría llevarse a cabo, ya que los arrestos solo podrían producirse si los acusados se encontraran en algunos de los países que adhieren a la CPI y estén dispuestos a cumplir con sus instrucciones. Sin embargo, el pedido agrega presión contra el gobierno israelí, sumándose a otras medidas judiciales como la investigación por genocidio llevada a cabo por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta última es la responsable de juzgar las políticas de los Estados, mientras que la primera investiga casos contra individuos.
La solución de los dos Estados
La “solución de los dos Estados” aludida por España, Irlanda y Noruega se trata del marco establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, cuando decidió la partición del antiguo Mandato Británico de Palestina en dos países, uno para la colectividad judía y otra para la árabe-palestina.
Luego de la guerra árabe-israelí de 1948 el antiguo mandato quedó efectivamente dividido en dos zonas: la primera en manos del recién nacido Estado de Israel, y la segunda bajo el control de los Estados árabes de Jordania (que ocupó Jerusalén Oriental y Cisjordania) y Egipto (que ocupó la Franja de Gaza). Estas zonas se correspondían aproximadamente a las del plan de partición de la ONU, aunque Israel tomó alrededor de un 20% más del territorio del antiguo Mandato que el que le había sido asignado por la ONU. Además, expulsó de su interior a 700.000 habitantes árabes, a los que les negó desde entonces el derecho al retorno, dando origen al problema todavía hoy presente de los refugiados palestinos. Por su parte, en las zonas árabes tampoco se llegó a conformar un Estado palestino independiente.
El colapso definitivo del plan de partición de la ONU, sin embargo, ocurrió en 1967 cuando Israel invadió y ocupó las mencionadas zonas árabes palestinas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Desde ese entonces, dicho Estado avanzó con la apropiación de tierras en los territorios ocupados, la expulsión de parte de su población local y la colonización con población propia. La ocupación estableció así un sistema que muchos analistas consideran similar al Apartheid sudafricano.
Esta situación se mantuvo hasta que en 1987 estalló la rebelión palestina conocida como “primera Intifada”. Este levantamiento popular llevó a que unos años más adelante, en 1993, Israel firmara con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP, presidida entonces por Yasir Arafat) los llamados “Acuerdos de Oslo”. Estos establecían una retirada parcial de Israel de algunas de las zonas palestinas y el reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina como forma de autogobierno (aunque no como Estado independiente) en esas zonas. Los Acuerdos de Oslo establecían un marco para continuar un proceso de negociaciones, con el objetivo de llevar a la firma de un paz definitiva entre ambas partes. La comunidad internacional interpretó esto como un paso inicial para retomar la senda de la solución de los dos Estados.
Sin embargo, las negociaciones de paz se interrumpieron a comienzos de la década del 2000, en un momento donde se habían logrado ya avances considerables. El Estado israelí se retiró de las mismas como producto del triunfo electoral de un gobierno de derecha, así como del recambio de aires internacionales (triunfo de George Bush en Estados Unidos y atentados a las Torres Gemelas). Las negociaciones se encontraban también entorpecidas por las violaciones al proceso por parte de Israel (continuidad de la colonización de los territorios palestinos y provocaciones a los sitios religiosos del Islam), y también por el desarrollo de una serie de atentados llevados adelante por Hamas y otros grupos afines, que atacaron a objetivos civiles y contribuyeron al giro a la derecha de la opinión pública israelí.
Desde entonces, el proceso de paz no volvió a retomarse significativamente hasta la actualidad. Por el contrario, sucesivos gobiernos israelíes profundizaron la política de colonización de los territorios palestinos. Ante la ausencia de un Estado propio, del fracaso del proceso de paz y del continuado empobrecimiento de los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina fue perdiendo influencia y legitimidad, y en su lugar fue incrementandose la influencia de Hamas, grupo islamista y reaccionario partidario de los atentados -contra objetivos tanto militares como civiles- como forma de lucha contra Israel.
El reconocimiento de un Estado palestino, por lo tanto, no puede considerarse (como sostiene Netanyahu y la derecha pro-israelí) como un “premio al terrorismo”. Por el contrario, se trata simplemente de retomar la senda establecida por la ONU cuando decidió la partición del antiguo Mandato de Palestina y la creación del propio Israel, así como el respeto a todas las resoluciones de la ONU desde entonces, que Israel viene desconociendo de manera sistemática durante más de medio siglo. Se trata de un acto de justicia, de reparación histórica y de respeto a los Derechos Humanos. Por último, se trata también de una apuesta a combatir el terrorismo de manera mucho más humana y eficiente, por la vía de empoderar una alternativa de liderazgo palestino que adhiera a la paz y a la coexistencia entre los pueblos.