A 18 días de su inicio se levantó el paro nacional encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que mantuvo en vilo al país. El acuerdo, suscripto por representantes del gobierno y dirigentes indígenas en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, establece una reducción total de 15 centavos de dólar en el precio de los combustibles, principal detonante del conflicto y una de las demandas centrales del movimiento. Con los nuevos valores, la nafta se comercializará a 2,40 dólares el galón (0,63 el litro) y el de diésel a 1,75 dólares por galón (0,46 por litro). En este plano, el triunfo parece modesto, ya que la exigencia inicial era una reducción de 45 y 40 centavos respectivamente.
Sin embargo, los dirigentes del movimiento pueden mostrar avances en otros puntos significativos de la Agenda de Lucha Nacional que hicieron pública el 13 de junio. El gobierno se comprometió a derogar los decretos ejecutivos 95 y 151, que establecían la ampliación de la explotación petrolera y minera hacia áreas protegidas, zonas arqueológicas, fuentes de agua y biodiversidad, al tiempo que se garantizará consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos antes de cualquier futura exploración; decreta la emergencia en el sector salud; establece aumentos en el bono de desarrollo humano y apoyo focalizado a sectores rurales en crisis; y dispone incrementar los controles para acabar con los movimientos especulativos detrás del alza de precios en las regiones, entre otras medidas. Como contrapartida, las organizaciones disponen el inmediato retorno de sus bases a las regiones y el Ejecutivo deroga el estado de excepción vigente. La mesa de diálogo continuará abierta durante 90 días para terminar de saldar temas pendientes, siempre con la mediación de la iglesia.
El acta no contempla ningún acuerdo sobre qué ocurrirá con los centenares de procesos judiciales iniciados contra dirigentes del movimiento, entre ellos el propio Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, ni sobre la investigación de las responsabilidades por las víctimas fatales producto de la represión.
Las repercusiones: “derecho a la resistencia” y “superar la división”
La CONAIE festejó el acuerdo como un triunfo y reivindicó los puntos alcanzados como “logros” y “resultados” concretos de la lucha, pero las diferencias de criterio no estuvieron ausentes entre los protagonistas del movimiento: Gary Espinoza, presidente de Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), estuvo a punto de no firmar el acta en disconformidad con lo negociado. Sin embargo, en un comunicado conjunto publicado el jueves por la noche, las organizaciones indígenas destacaron que el presidente Guillermo Lasso “nunca se sentó en la mesa de diálogo” pero “se vio obligado a responder al pueblo”.
El texto firmado por FENOCIN, Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) y Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), además de la CONAIE, cierra con una advertencia que da cuenta del carácter provisorio de la solución alcanzada: “No renunciamos al derecho a la resistencia, si no cumplen volveremos millones”.
Lasso, en tanto, habló por cadena nacional una vez alcanzado el acuerdo: “Ecuatorianos, terminó el paro”, dijo. “Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo: reconstruir el Ecuador”, añadió. Su tono conciliador contrastó con la fuerte respuesta represiva que enfrentó el paro nacional y con la persecución y estigmatización que tuvieron que enfrentar sus principales dirigentes.
“Vamos a hacer del campo y de la ruralidad una prioridad nacional (…) hemos escuchado”, señaló el presidente, tomando aparente nota de la extraordinaria potencia que surgida del Ecuador profundo derramó sobre Quito una multitud de más de 30.000 almas en busca de una respuesta.
Crisis, festejo popular y final abierto
Prolongado, masivo, con extensión nacional y apoyos sociales diversos: así fue el paro que comenzó el 13 de junio y acaba de levantarse. Los combustibles habían estado también en el centro de las multitudinarias movilizaciones contra el expresidente Lenin Moreno en octubre de 2019. En rigor, se trata de la continuidad de la misma crisis, cuya resolución sólo fue postergada en medio de transacciones, soluciones parciales y equilibrios precarios.
Durante 2020 la pandemia global enfrió el ciclo de movilizaciones previas, pero agravó la crisis económica y preparó nuevas eclosiones. Con Moreno fuera de juego, las elecciones de 2021 se dirimieron entre Lasso y el candidato apoyado por el ex mandatario Rafael Correa, Ezequiel Arauz, quien a pesar de triunfar en la primera vuelta cayó frente al banquero en el ballotage por estrecha diferencia.
La persistencia del anti-correísmo en parte importante de la sociedad ecuatoriana, -incluso en algunos de los movimientos sociales más movilizados-, le abrió la puerta a un nuevo gobierno neoliberal. En septiembre de 2021 Lasso anunció un nuevo acuerdo con el FMI que contempla condicionalidades como la reducción del gasto público y una reforma fiscal. Después de un breve interregno electoral, la rueda de la crisis ecuatoriana volvió a girar y su ámbito de resolución parece ser una vez más la calle.
El capítulo que se cerró este jueves no será el último y los antagonistas balancearán resultados sin bajar la guardia. En las calles de Quito y en cada una de las caravanas en las que los manifestantes volvían a sus regiones el clima era de algarabía. Leónidas Iza y las columnas indígenas se retiraron de la capital en medio de los aplausos y saludos de su población. La CONAIE tiene motivos para festejar: revalidó su enorme capacidad de acción, puso en jaque a la economía ecuatoriana, logró el apoyo de otros sectores sociales y puede mostrar como un logro el acuerdo arrancado con la movilización.
Para Lasso, sin embargo, no todas son malas noticias. Un gobierno que llegaba debilitado logró sostenerse en pie frente al poder de fuego del movimiento social más importante del país, lo cual no es poca cosa conociendo la historia reciente. El presidente logró sortear con éxito el intento de destitución que la correísta bancada de Unión por la Esperanza (UNES) impulsó en la Asamblea Nacional con el apoyo de la mayoría de los diputados de Pachakutik: alcanzaron 80 de los 92 votos necesarios, muy por encima sin embargo de los 42 que votaron en contra. Al mismo tiempo, los 5 centavos de rebaja adicional en el precio de los combustibles, que cedió en la mesa del jueves, parecen poca cosa para la magnitud de la movilización desplegada.
En la mirada del gobierno, el movimiento estaba entrando en una fase descendente y por eso los dirigentes indígenas se vieron obligados a negociar. Finalmente, si bien la popularidad de Lasso está fuertemente dañada, la clase dominante y los factores de poder cerraron filas a su alrededor frente a la impugnación popular. El escenario parece abierto.
Hacia adelante, una de las mayores fortalezas del gobierno y del bloque neoliberal sigue siendo la división de los factores de oposición. La CONAIE y el movimiento indígena son indiscutiblemente la fuerza social con mayor capacidad de movilización y articulación de demandas, al tiempo que tienen una minoritaria, pero nada despreciable, representación parlamentaria mediante el Pachakutik (18 bancas). Mientras tanto, la nueva formación política del correísmo, el UNES, sigue siendo la principal expresión electoral de oposición a Lasso y cuenta con la bancada más importante de la asamblea legislativa con 47 integrantes.
La grieta entre estas dos expresiones políticas se fue ensanchando durante los gobiernos de Rafael Correa (2007 – 2017) y, pese algunos acercamientos prácticos en medio del conflicto, nada indica que vaya a cerrarse en el corto plazo. Este será un obstáculo decisivo que tendrá que afrontar la constitución de cualquier bloque popular que busque asestar un golpe definitivo al neoliberalismo en Ecuador.