El lunes 4 de julio se presentó en Chile el proyecto de la nueva Constitución, como fruto del trabajo de la Convención que se conformó en 2021 tras el estallido popular ocurrido dos años atrás. El texto final será sometido a referéndum de aprobación el 4 de septiembre y se determinará si reemplaza o no a la actual Carta Magna, establecida en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet.
El proyecto presentado intenta expresar varias de las demandas que se hicieron presentes en la rebelión de octubre de 2019 y en los planteos de los movimientos sociales chilenos de las últimas décadas. En primer lugar, define al Estado chileno como un “Estado social y democrático de derecho (…) plurinacional, intercultural y ecológico”. Aquí aparecen por lo menos tres definiciones rupturistas: con la concepción del “estado subsidiario” que lo caracterizó desde el pinochetismo (que ubica a la actividad económica privada como eje de la sociedad), el reconocimiento a los pueblos originarios como naciones constitutivas del Estado y el objetivo estratégico de la preservación del medio ambiente.
Otros aspectos innovadores son el planteo del rol del Estado como garante de salud, educación y vivienda, la protección de los Derechos Humanos, el reconocimiento del derecho al aborto y a la educación sexual integral, así como el establecimiento de la paridad de género en los órganos representativos.
Todas y todos tenemos algo que escribir en la historia de nuestro país. Encontrémonos en un diálogo democrático en torno a la propuesta de nueva Constitución. Este 4 de septiembre, #ChileVotaInformado
— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) July 5, 2022
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También se establece un sistema de seguridad social público comprometido a la protección de la población en casos de “enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”. Se plantea la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria y la restitución de tierras a comunidades indígenas, así como una mayor autonomía para las mismas.
Un último punto de importancia es el reemplazo del Senado por la llamada “Cámara de las regiones”, una versión de la institución que resignaría atribuciones en favor de un mayor protagonismo de la Cámara de Diputados (más representativa de la población) y que buscaría dotarse de un mayor vínculo con las regiones representadas.
La relación de fuerzas en Chile
El acuerdo nacional para redactar una nueva constitución fue una conquista-concesión obtenida por el estallido social de 2019 y que puso fin a ese ciclo de protestas. Dicho acuerdo fue plebiscitado en 2020 y obtuvo el apoyo del 80% de los votantes, es decir el de una clara mayoría social. La convención constitucional se conformó luego con representantes electos por el voto popular, quedando constituida por una mayoría de sectores progresistas, independientes y de izquierda. Esta tónica quedó también reafirmada por el triunfo de Gabriel Boric en el ballotage presidencial de 2021.
Sin embargo, la popularidad de la Convención Constitucional (y del propio Boric) fue cayendo paulatinamente, hasta el punto en el que las encuestas de intención de voto señalan hoy una ventaja a la opción de “rechazo”. Se trata del mismo tiempo de indeterminación en las relaciones de fuerzas que pudo verse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en la conformación del Congreso Nacional, en las que no se impuso con claridad ninguna opción.
Una lectura posible, en sintonía con lo que ocurre en otros países del continente, es que si bien existe un rechazo social mayoritario a los regímenes neoliberales y represivos, no surgió todavía ningún consenso acerca de con qué reemplazarlos. El proyecto de conformar una sociedad sobre bases explícitamente colectivas, solidarias e inclusivas no consigue cosechar hasta el momento el apoyo de una clara mayoría social, por lo menos en la mayor parte de la región.
En el marco de esta situación de relativo “empate hegemónico”, la balanza puede terminar inclinándose para un lado o para el otro dependiendo de las condiciones concretas en las que se desarrolle esa batalla política. A su vez, condicionada a nivel global por un marco inflacionario (provocado o agravado por la guerra en Ucrania) que deteriora el poder adquisitivo de los sectores populares, y por los efectos sociales todavía no resueltos de la pandemia de COVID-19.
El tablero político
Sobre la base de esas relaciones de fuerzas, los distintos actores políticos de Chile fueron explicitando su estrategia. Como era esperable, los partidos de la derecha convocan abiertamente a votar por el rechazo. Sin embargo, el dato político novedoso es el planteo del sector identificado con la centroizquierda garante del modelo puesto en cuestión en 2019, en boca del ex presidente Ricardo Lagos (Partido Socialista): en una carta abierta se desmarcó tanto del “rechazo” como del “apruebo” por no “convocar a la gran mayoría ciudadana”. En su lugar, llamó a “construir una buena Constitución” que “una” al país, lo que en los hechos significa resignar los acuerdos alcanzados por la Convención Constitucional.
Ante la posibilidad de que se imponga el rechazo en el referéndum de septiembre comienza a discutirse cuál sería el “plan B”, dado que la actual constitución de 1980 carece de toda legitimidad frente a la sociedad chilena. Un paso en esa dirección fue la aprobación por parte de la Comisión de Constitución del Senado de un proyecto que reduce el quórum necesario para modificar la ley fundamental -de los actuales 2/3 (50 senadores) a 4/7 (29 senadores)-.
Si el pleno del Senado aprueba esta iniciativa la semana entrante (escenario que hoy parece el más probable) quedaría abierta la posibilidad de modificar partes de la actual Constitución sin tirarla abajo en su totalidad. Es decir, permitiría el desarrollo de una estrategia que cambie las reglas del juego impuestas por la rebelión de 2019: se aceptaría el marco constitucional impuesto por Pinochet el 1980 para reformarlo, opción que contradice de lleno las demandas del estallido popular y los movimientos sociales.
Esta iniciativa fue impulsada por la Democracia Cristiana, partido tradicional de centroderecha e histórico miembro de la Concertación junto al Partido Socialista. El dato político resulta relevante porque ilustra que se trata del “plan B” de los partidos dominantes tradicionales de Chile, y por lo tanto de las fuerzas del “establishment”, en contraposición al impulso proveniente de las calles chilenas.
Por último, otro elemento significativo en la situación política son los proyectos y decisiones impulsados por el presidente Gabriel Boric y su gobierno. En este terreno se destacó la presentación esta semana de una propuesta de reforma tributaria progresiva, que establece impuestos a la riqueza y a las grandes empresas mineras, además de incrementar el impuesto sobre la renta. De esta manera se busca aumentar paulatinamente la carga impositiva en un 4,3% del PBI haciendo pagar más al 3% más rico de la población, con el objetivo de financiar los planes de asistencia y desarrollo social impulsados por la coalición gobernante.
La posibilidad de llevar adelante esas iniciativas depende de cómo queden definidas las relaciones de fuerzas entre los distintos sectores político-sociales, y por lo tanto está estrechamente relacionada a los resultados que se obtengan en el referéndum constitucional de septiembre. De forma inversa, la posibilidad de que triunfe el “Apruebo” está estrechamente ligada al nivel de aprobación general del gobierno, y por lo tanto a que el mismo logre seducir a una mayoría social con medidas económico-sociales que mejoren de manera directa sus condiciones de vida.