El miércoles 19 de septiembre se presentó en nuestro país el libro Mujeres, poder y política en América Latina, una compilación elaborada por el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL) de artículos, ensayos y ponencias de Elizabeth Gómez Alcorta (Argentina), Karol Cariola (Chile), María José Pizarro (Colombia), Manuela D’Ávila (Brasil), Verónika Mendoza (Perú), Angélica Remache López (Ecuador), Constanza Jáuregui Tama (Brasil), y Thais Fascina Albacete (EE.UU.). La presentación contó con la participación de Gabriela Rivadeneira, ex Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y actual Directora Ejecutiva de IDEAL.
“Este libro es parte de la construcción de un sueño colectivo de transformación donde la formación política tiene un rol fundamental”, indica el texto en sus primeras páginas. Se trata de un material que propone la reflexión acerca del ejercicio del gobierno y del poder desde una perspectiva feminista.
En este marco dialogamos con Elizabeth Gómez Alcorta, docente, abogada defensora de los Derechos Humanos y primera ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
– ¿Cómo se relacionan las mujeres, el poder y la política a lo largo de la historia?
– El patriarcado nos ha instalado en distintos lugares y con distintas características en el lugar de los objetos. Hemos sido parte de la propiedad de los varones que, además de sus bienes, eran dueños de sus hijos, sus esclavos y sus esposas. Nos han instalado en el lugar de la inferioridad, de la debilidad de carácter. Durante siglos -y por qué no, aún hoy- fuimos brujas en potencia, y por eso nos quemaron en las hogueras en Europa y en América.
Nos han colocado del lado de la ignorancia, y de ese modo entramos a las universidades siete siglos después que los varones. El patriarcado nos asignó el lugar de los incapaces a lo largo de los siglos hasta 100 años atrás, incluso en el plano de lo legal. No podíamos estar en los juicios, no podíamos elegir nuestros lugares de residencia, no podíamos administrar nuestros bienes, teníamos que pedir autorización a nuestros maridos para ejercer una profesión.
Nos han colocado en un lugar de la insuficiencia, de la torpeza intelectual, y por eso nos negaron durante siglos la posibilidad de elegir a quienes nos representen y a tener posibilidad de ser representantes. De hecho, recién hace 70 años pudimos votar y ser elegidas como representantes del pueblo.
Es por eso que la política patriarcal desconoce cualquier legitimidad para que las mujeres sean una autoridad, centralmente porque el varón es el único sujeto político con capacidad de representación universal. La única autoridad relativa que le reconoce el patriarcado a las mujeres está vinculada al cumplimiento de sus roles tradicionales de cuidado: el matrimonio y los hijos.
En la cultura tradicional son los hombres quienes pueden (y deben) representar, porque solo ellos tienen el atributo de género de la representación universal.
– ¿Cuáles son los efectos de esta desigualdad y opresión sistemática en América Latina?
– La sociedad que tenemos es profundamente injusta, y además nosotres vivimos en la región más desigual del mundo. Estas desigualdades no tienen una base biológica o natural, sino que son políticas. Por eso es imprescindible discutirlas, desnaturalizarlas y problematizarlas, no sólo entre mujeres.
Se basa en un orden en el que la reproducción social bajo las actuales formas jerárquicas y opresivas generan y reproducen desigualdad y violencia. Hace siglos que es así. Es un orden social en donde las mujeres y LGBTIQ+ tenemos un lugar de segunda.
Como nos enseña Rita Segato, la intervención colonial del pasado y del presente ha terminado por minorizar todo lo que respecta a las mujeres. El término “minorización” hace referencia a la representación y a la posición de las mujeres en el pensamiento social. “Minorizar” alude aquí a tratar a la mujer como “menor”, y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y, en especial, de lo particular, como “tema de minorías” y, en consecuencia, como tema “minoritario”.
Todavía hoy las mujeres no tenemos condiciones de igualdad para construir discursos y representaciones hegemónicas porque persiste esa minorización en el imaginario social, que implica pensar a la mujer en ese lugar y rol tradicional.
Para poder hablar de mujeres, poder y política se necesita que estemos vivas, enteras y con el acceso a los derechos más básicos, cosa que no es obvia. No solo en términos de femicidios, sino en clave de lo que sucedió el 1 de septiembre en nuestro país con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner: dos balas que fueron en contra de la voluntad de millones. Lo mismo hicieron con Berta Cáceres, Marielle Franco, Dilma Rousseff, etcétera. Los discursos violentos y machistas contra las mujeres políticas buscan erosionar esa legitimidad o impedir alcanzarla.
Vivimos en una sociedad en la que nos matan, nos violan, nos discriminan, nos impiden acceder a los mismos derechos. Cuando podemos salir de ese lugar, pagamos un costo altísimo para nuestra salud mental y nuestras vidas, como que te peguen dos tiros en la cabeza.
– ¿Qué respuesta trae el feminismo popular ante el constante aleccionamiento de las mujeres en la política?
– Las mujeres tenemos asignado una especie de destino biológico: las tareas domésticas. Nuestro ámbito fue el mundo doméstico, por eso esas tareas siempre se consideraron menores, sin valor económico ni social. ¿Quién nos hizo creer que la tarea de un cirujano (y lo digo en masculino) es mucho más importante que la de una docente que educa o de quien cuida a un enfermo?
La subordinación de las mujeres a la familia, el control de nuestros cuerpos, de la procreación y la sexualidad, la dependencia salarial, la minorización de nuestras vidas y la violencia, tanto latente como expresa, han sido instrumentos centrales para el disciplinamiento que demandaban y demandan las tareas de reproducción social en las sociedades capitalistas. Siglos de opresión, de violencia y de control sobre nuestros cuerpos se requirieron para que la gran mayoría asumiera ese destino: el de esposas y madres.
La distribución desigual de las tareas, que intenta ser naturalizada y perpetuada, impacta de manera evidente en el más paradigmático campo de la intervención pública: la participación política. La conducción de los asuntos del Estado es un ámbito privilegiado y masculinizado por ser una herramienta de transformación –tanto en el aspecto de transformaciones materiales, como lo simbólicas- y, por ende, por tener la capacidad de moldear las subjetividades. Es un terreno clave para las disputas de sentido en relación a los géneros.
Es por eso que los feminismos populares también entendemos que la injusta distribución del tiempo debe ser combatida mediante un programa político integral. El proyecto de Ley de Cuidar en Igualdad va en ese camino, e implica inversión y decisión política.
Cuando hablamos de políticas de cuidado que buscan reconocer, reducir y redistribuir, estamos hablando de repartir el tiempo, repartir la riqueza y repartir el poder. Cuidamos en nuestras casas, cuidamos en nuestros barrios, cuidamos en nuestra vida, y para cuidar se necesita tiempo, esfuerzo físico y mental.
En ese sentido, el rol del Estado es clave, porque cuando no hay Estado para generar una provisión de servicios de cuidados, estamos sólo nosotras. Cuando no tenemos donde dejar a nuestros hijos, se quedan con nosotras. Cuando no tenemos donde cuiden bien a los viejos, los cuidamos nosotras.
Por eso, cuando hay crisis y ajuste, cuando hay políticas neoliberales y se recorta el gasto estatal en las áreas de educación, salud y servicios sociales, impacta directamente en la distribución de estas tareas en el grupo familiar. Esto termina recayendo en las mujeres y LGBTIQ+. No podemos permitir que ningún proyecto de desarrollo sea pensado exclusivamente desde la estructura económica productiva, evadiendo la esfera reproductiva.
– ¿Cómo podría una política de democratización de los cuidados batallar contra el corrimiento de las mujeres de los lugares de poder?
– Para que suceda la posibilidad de una democracia radical, debemos democratizar el orden doméstico. El orden simbólico de que el varón se arroga la representación universal viene conectado con la idea de que la mujer es la autoridad doméstica. Mientras los varones se encuentren en la marginalidad de las tareas del hogar, las mujeres lo estaremos en la marginalidad política democrática y, por ende, habitaremos una democracia patriarcal.
La misoginia se presenta como un asunto de supervivencia para quienes históricamente no han tenido que esforzarse por poder obtener esa legitimidad para representar en el ámbito político, pero, y a la vez, no deben asumir responsabilidades en tareas que son socialmente “menores”, “descalificadas” para ser hechas por varones.
El feminismo popular tiene un extraordinario potencial emancipatorio porque cuestiona uno de los núcleos fundamentales del capitalismo neoliberal. Las mujeres y LGBTIQ+ llevamos demasiado tiempo separadas, condenadas a un trabajo de jornadas ilimitadas en lugares cerrados y sin dinero. Ya nunca más volveremos a esa soledad, ya tenemos claro que el camino a nuestra emancipación es colectivo, y que si nos tocan a una, nos tocan a todas.