El proyecto “Ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia” fue presentado esta semana en el Senado por el interbloque del Frente de Todos y se propone establecer un subsidio equivalente a la canasta alimentaria (que el INDEC estipulaba en 15.057 pesos al mes de junio de 2022), que se actualice trimestralmente por la inflación.
La medida estaría destinada al universo de 1,7 millones de personas que no cuentan con trabajo registrado ni se encuentran inscriptas al monotributo, que no poseen bienes propios, que no reciben actualmente ningún otro beneficio o programa social, que son mayores de 25 años (es decir, que no pueden percibir el Progresar destinado a los jóvenes) y que no alcanzaron todavía la edad jubilatoria. El subsidio se otorgaría durante un año con posibilidad de renovación en caso de que no hayan mejorado las condiciones de vida del beneficiario.
El proyecto de “refuerzo de ingresos” se trata de una propuesta de alcance más reducido a la del Salario Básico Universal (SBU), que se proponía abarcar a unas 9 millones de personas incluyendo a monotributistas, asalariados de bajos ingresos y jóvenes de entre 18 y 25 años. Por este motivo el costo fiscal del nuevo proyecto sería de un 0,44% del PBI para 2023, contra un costo fiscal bruto de entre el 1 y el 2,1% del PBI -según las distintas estimaciones- estipulado por el proyecto del SBU. Pero inclusive teniendo en cuenta este ahorro, el nuevo proyecto sigue siendo difícil de compatibilizar con el acuerdo de metas fiscales alcanzado con el FMI.
El ajuste
Tras el desembarco de Sergio Massa en el gabinete nacional la situación política y económica dejó atrás -por lo menos hasta el momento- su última etapa de turbulencias y alcanzó una relativa estabilización; una tensa calma a la espera de que se terminen de afinar las definiciones y que el plan económico muestre sus primeros indicios de éxito o de fracaso.
En su conferencia de prensa inaugural, el “superministro” dejó planteados los ejes ordenadores de lo que será ese plan. El principal de ellos es la ratificación del ajuste fiscal acordado previamente con el FMI por el ex ministro Martín Guzmán, es decir, de reducción del gasto público para cumplir con la meta de 2,5% de déficit este año y 1,9% para el próximo. También planteó beneficios para el capital exportador con el objetivo de promover el ingreso de dólares al país.
En lo respecta a las necesidades de los sectores populares se realizó un único anuncio de refuerzo a las jubilaciones (que según el índice de actualización, más una suma fija, llegarán a un monto mínimo a 50 mil pesos). Por último, el ministro también informó la realización de una auditoría sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo -alrededor de 1,3 millones de personas-, lo que podría llevar a la revocación de muchos de ellos.
Estas definiciones se combinan con el rechazo ya anunciado previamente por el gobierno a la implementación de un SBU, iniciativa presentada por los movimientos sociales que es vista por gran parte del Poder Ejecutivo como fiscalmente insostenible. La negativa coincide también con una nueva oleada de ataques mediáticos a los beneficiarios de programas sociales y de estigmatización a los movimientos, acompañada por el hostigamiento judicial bajo la forma de allanamientos a comedores populares de todo tipo de organizaciones.
El conflicto social
La presentación del proyecto para reducir la indigencia llega pocos días después que los movimientos sociales realizaron su marcha anual bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo” en ocasión de la fecha de San Cayetano. Allí se realizó un acto en el que las y los oradores discutieron contra la campaña de estigmatización, sostuvieron que la economía popular está formada por trabajadores sin derechos laborales y no por “vagos”, advirtieron que la situación social empeoró respecto al último año y reafirmaron las demandas de los movimientos -incluyendo el SBU y la aprobación del proyecto de Ley General de Tierra, Techo y Trabajo presentado en 2020-.
Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señaló también que las medidas anunciadas por el gobierno nacional solo favorecen a “los mercados, las petroleras, los que se la vienen llevando en pala hace muchísimo tiempo”. Por su parte el secretario general, Esteban “Gringo” Castro apuntó las críticas al nuevo ministro de economía: “Parece que los muchachos que tienen mucha plata en los bolsillos estaban contentos (cuando asumió), pero que no anunciaron nada para los de abajo”. Previamente a esto, el Frente Patria Grande (cuyos diputados son los principales impulsores del SBU) sostuvieron su inconformidad con las medidas anunciadas por Massa, dejando abierta la puerta de una ruptura con el bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.
La presentación del proyecto de subsidio a personas bajo la línea de indigencia puede leerse por lo tanto como una respuesta por parte del ala “cristinista” del gobierno a una doble presión: por un lado, la de una política de ajuste fiscal por parte del gobierno nacional, y por otro a la de los movimientos sociales que exigen algún tipo de política para contener la situación. Hasta ahora ni el ministro de Economía ni la Presidencia de la nación se expidieron al respecto del proyecto, por lo cual no está claro si tienen la intención de aprobarlo.
En caso de que el gobierno nacional no impulse ninguna medida que responda a las necesidades de los sectores populares, corre el riesgo de que los movimientos sociales le terminen retirando su apoyo y de perder un sector de la base votante de cara a las elecciones de 2023. Más aún, esta situación coloca al kirchnerismo en una situación incómoda, al haberse comprometido con la formación de un gobierno que no otorga puntos de apoyo para su discurso y perfil redistributivo. Por último, se arriesga también al incremento de una conflictividad social que en estos últimos meses ya viene en ascenso, y que esta misma semana sumó un nuevo episodio con el acampe de organizaciones piqueteras en Plaza de Mayo.